Hora de la Corte

La Constitución Nacional establece claramente, en su artículo 16, que la defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Pero el artículo fue miles de veces violentado desde el mismo corazón del sistema de justicia de nuestro país.

Los casos que se van documentando públicamente revelan cómo el esquema criminal denominado “mafia de los pagarés” se encargaba de dejar absolutamente desprotegidas y vulnerables a miles de personas, que ni siquiera sabían que estaban siendo intimadas y posteriormente demandadas por préstamos que incluso ya habían saldado con anterioridad.

Agentes de cobranza y sus representantes legales encontraban en los juzgados de paz y sus funcionarios infieles, comenzando por los mismos jueces, la complicidad necesaria para esquilmar a las víctimas bajo la fuerza coercitiva del sistema de justicia.

Notificaciones simuladas, falsificaciones de firma avaladas, intimaciones fingidas, todo este menú se concebía en el mismo Poder Judicial, y desde allí se articulaban los juicios y embargos ejecutivos para confiscar parte de los salarios y jubilaciones de las víctimas.

El informe presentado en la semana que termina por la comisión especial del Senado creada para atender estos casos expone las formas de operar de los diferentes grupos hasta ahora denunciados, en la que se convirtió en una práctica habitual en muchos juzgados de paz.

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Gran parte de las víctimas son funcionarios de la policía, las fuerzas armadas, salud o educación, cuyos sueldos son descontados directamente en operaciones plagadas de irregularidades con convenios con formularios incompletos o sin fecha, además detectaron una nueva modalidad de fraude con empresas que se presentan como asesoras financieras que prometen compra de deudas y refinanciación, pero que no hace otra cosa sino endeudar aún más a los damnificados para desaparecer luego y renegociar los pagarés firmados por las víctimas en medio de su desesperación.

Son más de seis mil las denuncias registradas formalmente, y seis los juzgados de paz de Asunción en los que se concentra la mayoría de las demandas de cobro a través de pagarés.

Entrevistamos el viernes en la 730AM a Pedro Coronel, vocero de uno de los tantos grupos de víctimas de estas roscas financiero-judiciales.

Éste grupo de víctimas convoca a una movilización para mañana ante la Corte Suprema de Justicia, para pedir que la Corte dé muestras de una voluntad real para buscar soluciones a los damnificados.

Coronel se quejó de que la Corte evade su responsabilidad, pero además cree que hay ministros cómplices directamente de estas roscas de apriete judicial, por lo que anticipó que pedirán juicio político para varios de ellos.

“Nos hace sospechar de la complicidad de la Corte en estos casos, porque en vez de que la Corte colabore, accione o busque soluciones, jamás lo ha hecho” se quejaba el vocero.

Es que una realidad es indiscutible: si no hubiese habido complicidad de los actores del sistema de justicia, no hubiese habido víctimas de aprietes y estafas concretados bajo la presión del sistema judicial.

Es la hora de que la Corte se involucre decididamente a atender este enorme sistema de despojos montado bajo el paraguas del Poder Judicial.

Un sistema articulado para esquilmar a los más vulnerables de la cadena crediticia del país, instalado en el mismo corazón del sistema judicial paraguayo.

Y un momento para ver qué ministros tienen la intención de ayudar a sanear juzgados con olor a podredumbre frente a otros que solo apuestan al olvido y la inacción colectiva

guille@abc.com.py