Despilfarro con nombre indígena

Una vez más, el Estado gasta millones para demostrar que no tiene rumbo. La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) construye 300 “viviendas” de terciada para comunidades indígenas de Caaguazú, estructuras que no resisten ni una semana de viento y que representan un peligro más que una solución. Cada una de estas casitas cuesta más de G. 3.200.000, y en total se despilfarran casi mil millones de guaraníes en obras que no sirven ni para gallineros.

Lo más grave es que el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) —la institución supuestamente responsable de este plan— no tiene registrado ningún proyecto habitacional para los pueblos originarios de este departamento. Ni su Dirección de Comunicación, ni la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), ni el Fonavi pudieron confirmar la existencia de una sola carpeta que respalde esta iniciativa. Se están construyendo casas a pedido de un ministerio que no tiene idea del proyecto.

Este es el reflejo más claro del desorden, la improvisación y la falta de respeto hacia las comunidades indígenas. Mientras los funcionarios se reparten viáticos y justifican obras que se caen con el viento, las familias nativas siguen viviendo en carpas, sin agua, sin salud y ahora con “casitas” que solo exhiben la ineficiencia estatal.

No hay planificación, no hay control y tampoco hay vergüenza. La SEN, el MUVH y el Indi se tiran la pelota entre sí, mientras el dinero público desaparece en estructuras de madera blanda, armadas como maquetas, que simbolizan la pobreza del pensamiento oficial.

Lo más indignante es que estas obras se presentan como “ayuda humanitaria”, cuando en realidad son una burla disfrazada de solidaridad. No hay humanidad en ofrecerle a una familia una vivienda que se desarma con el viento ni en justificar un gasto millonario con fotos y discursos. Cada clavo mal puesto en esas paredes representa un acto de desprecio hacia quienes más necesitan del Estado.

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El Estado paraguayo sigue actuando como si la pobreza se maquillara con terciadas y chapas viejas. Ninguna comunidad merece ser usada como excusa para justificar un gasto millonario sin sentido. Si algo demuestra este escándalo, es que en Paraguay el asistencialismo sin control termina siendo otra forma de corrupción.

Este despilfarro no es un error: es una ofensa. Es la prueba de que el dinero público sigue sin tener dueño y de que la miseria ajena se sigue usando como discurso de gestión. Mientras tanto, los más pobres pagan con su dignidad lo que otros cobran con su firma.

victor.barrera@abc.com.py