El titular del Congreso, Basilio Núñez, dice que ya existen leyes que protegen a los periodistas. Para Dionisio Amarilla, se crearía “una casta de primera y de segunda”. No hay casta de segunda, de existir, no sería casta. Habrá querido decir ciudadanos de primera y de segunda.
En nuestro país, el ciudadano de primera clase, el que está por encima de los demás mortales, puede estafar a una institución del Estado por millonarias sumas sin consecuencias penales ni políticas.
Para hablar de “casta”, es posible que Amarilla ignore la existencia de entidades, con proyección internacional, creadas para la defensa del periodista. En ninguno de los países donde funcionan estos organismos se los acusa de crear privilegios para los profesionales de la información. A nadie se le ocurriría hacerlo. Se sabe diferenciar una función de otra aunque todos los trabajos son dignos. El periodista no es superior, como persona, a un agricultor, por ejemplo; pero la actividad periodística, por su naturaleza, expone al profesional a hechos indeseables cuando informa sobre casos delictivos, infamantes, bochornosos. Toda vez que sea de interés público, es su obligación darlos a conocer. La sociedad le exige que lo haga.
La actitud de Amarilla es posible que se deba a la recordación que los medios suelen hacer acerca de los más de cuatro mil millones que había cobrado a la Ande por transformadores que nunca aparecieron. Así leemos en Abc Color, del 26-09-25: “El presidente de la Ande, Ing. Felix Sosa, afirmó ayer (…) que el senador liberocartista, Dionisio Amarilla, perjudicó a la estatal en cuestión de fondos públicos y equipos que debían ser usados para obras de mejoramiento del servicio. Insistió que buscan recuperar en total G. 4.852 millones”.
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“Ultima Hora” del 4 de marzo de 2024, publica que “el cuestionado legislador, Dionisio Amarilla, fue expulsado del Partido Liberal Radical Auténtico”. Meses después, la Justicia Electoral dejó sin efecto la medida, pero no pudo borrar la indignación de los liberales por el transfuguismo de Amarilla.
“ABC Color”, del pasado 22 de setiembre, informa que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas inhabilitó por tres meses al Consorcio Arapoty y a Dionisio Amarilla por incumplimiento y mala fe ante la falta de pago a la Ande por 4.852 millones de guaraníes.
Son muchas las publicaciones sobre estos y otros asuntos acerca de la conducta de Amarilla. Desde su lógica, se entiende que rechace cualquier medida legal que proteja a los periodistas de los criminales. Es su venganza.
El desamparo es más notorio cuando las mismas autoridades protegen, incluso premian, a los narcotraficantes que son los más rabiosos contra la prensa. El reciente caso que se dio en Pedro Juan Caballero es indignante. Al mismo tiempo, demuestra la estrecha amistad de los narcos con los políticos. ¿Qué sucedió? La Junta Municipal y la Intendencia de Pedro Juan distinguieron al fallecido diputado cartista, Lalo Gómez. Pusieron su nombre, en un solemne acto, a una calle de la ciudad. Con este acto, el municipio cometió una grave injusticia. ¿Por qué Lalo Gómez? ¿Y los otros delincuentes de su mismo nivel?
Son estos actos los que prueban la necesidad de una ley que, de algún, modo, proteja a los periodistas. Servirá, además, por lo menos como un indicio de que el Estado se interesa por la buena salud de la prensa, pilar de la democracia.
El secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), Santiago Ortíz, lamentó que la comisión de Asuntos Constituciones no haya logrado consenso para dictaminar sobre el proyecto de ley. Ortíz dijo que “el contexto actual es alarmante, con ataques recientes a domicilios de periodistas”
Se espera que en la próxima reunión los legisladores entiendan que la ley no creará nuevas castas sino más seguridad para informar. En realidad, entienden, pero les duele la libertad de prensa.
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