Esta semana se vive un nuevo escándalo que pone en duda la integridad de unos parlamentarios, senadores que, en lugar de representar al pueblo, estarían negociando votos y recursos públicos en conversaciones filtradas. Este caso involucra a los legisladores Norma Aquino, conocida como “Yami Nal”, y Javier Vera, alias “Chaqueñito”, electos por Cruzada Nacional, pero luego pasados al cartismo.
Los audios, que circulan desde esta semana revelan supuestos pedidos irregulares. En uno de ellos, presuntamente, “Chaqueñito” menciona que su voto cuesta 20.000 dólares. Hablan de pedir cargos para familiares en Itaipú, comisiones para asesores y el uso de vehículos y combustible estatales. Además, se refieren a una donación de Taiwán por 8 millones de dólares para renovar ascensores en el Congreso, que supuestamente se repartiría entre senadores como Basilio “Bachi” Núñez, Silvio “Beto” Ovelar, Lizarella Valiente y otros.
Tanto Aquino como Vera niegan la autenticidad de los audios. Aquino afirma que no habla con “Chaqueñito” más allá de saludos en el pleno y sugiere que podrían ser generados por inteligencia artificial. Vera cortó una entrevista radial al ser confrontado, insistiendo en que no envía mensajes a colegas y hasta que pudo haber estado borracho. Expertos dudan de la IA por el uso de guaraní y el jopará, pero el debate persiste. El presidente del Congreso, Bachi Núñez, rechazó el contenido y no descarta sanciones, mientras que Ovelar pide la pérdida de investidura por “boca suelta”. La bancada de Honor Colorado se reunirá el lunes para analizar el caso, y la oposición evalúa acciones judiciales.
Este escándalo, del que ya se habla como una leyenda urbana en las prácticas legislativas, nos lleva a denuncias anteriores cuando en el 2022, el Departamento de Estado de EE.UU. sancionó a Horacio Cartes y Hugo Velázquez y el documento se refería a sobornos sistemáticos en el Parlamento.
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A los casos mencionados, se suman investigaciones en curso contra otros senadores colorados cartistas. Erico Galeano enfrenta juicio oral por lavado de activos y asociación criminal en el caso “A Ultranza PY”, la mayor operación contra el narcotráfico en Paraguay. Acusado de nexos con Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán y el prófugo Sebastián Marset.
Hernán Rivas, por su parte, está imputado por uso de un título de abogado falso de la Universidad Sudamericana. La Fiscalía lo acusa de falsificar documentos para jurar ante la Corte Suprema en 2020 y presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Esta semana su matrícula fue suspendida, y la oposición pide su destitución, advirtiendo nulidades en decisiones del JEM.
La Constitución otorga al Congreso poderes clave, como aprobar el presupuesto nacional y reformas estructurales. Sin embargo, con mayoría colorada alineada al gobierno de Santiago Peña, las iniciativas avanzan sin debates profundos, priorizando intereses partidarios. En dos años de período, los escándalos acumulados erosionan la confianza pública y cuestionan si estos “honorables” representan al pueblo o solo buscan beneficios personales.
Este caso de los audios podría ser la prueba fehaciente de una cultura de corrupción arraigada. Mientras el Congreso debate sanciones internas, la ciudadanía necesita transparencia y confianza para restaurar la fe en sus instituciones. En las calles de Asunción y en los rincones del interior, donde el guaraní se entreteje con el latido cotidiano, este escándalo no es solo un rumor digital, sino un espejo que refleja el abismo entre el poder y el pueblo. Como en las páginas de Hugo, donde la miseria no es solo material sino moral, Paraguay se pregunta: ¿cuántas filtraciones más serán necesarias para que los miserables caigan y surja una redención colectiva? La respuesta no vendrá de los pasillos del Congreso, sino del clamor de una ciudadanía que comience a tejer su propia barricada de dignidad y justicia.
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