Caaguazú produce el 73% de los tomates y abastece al país de pepinos de calidad. Ignorar esta realidad es un error grave. Permitir que el contrabando avance es traicionar al productor y poner en riesgo la alimentación de los paraguayos.
Cada kilo de tomate o pepino que llega de contrabando representa no solo una pérdida económica, sino un golpe directo a las familias que dependen de la agricultura para sobrevivir.
La saturación del mercado con productos importados puede derrumbar los precios de manera abrupta, afectando incluso a quienes ya enfrentan enormes gastos para producir bajo invernadero o en huertas familiares.
No es solo un problema de mercado: es un problema de justicia social y de soberanía alimentaria.
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El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tiene la responsabilidad de actuar con firmeza y transparencia. No basta con declaraciones que nieguen la existencia de contrabando o rumores; se requieren acciones concretas, como reforzar los controles fronterizos, implementar sistemas de trazabilidad eficientes y sancionar cualquier intento de manipulación comercial que perjudique a los productores nacionales.
La protección a los agricultores no es opcional, es una obligación institucional. Requiere de hechos y apoyo para que pueda producir la tierra y abastecer al mercado local.
Es momento de que el país reconozca que Caaguazú produce, abastece y sostiene en gran medida al Paraguay. Cada fruta y verdura que sale de sus campos es el resultado de esfuerzo, inversión y dedicación. Ignorar esta realidad y permitir que el contrabando avance es poner en riesgo décadas de trabajo, estabilidad económica y la calidad de los alimentos que consumimos.
Los productores tienen derecho a que su trabajo sea respetado y defendido.
La paciencia de quienes sostienen nuestra agricultura tiene un límite, y la falta de control ya no es tolerable. El Gobierno actual debe actuar hoy, con decisión y responsabilidad, para proteger a quienes verdaderamente alimentan al país.
victor.barrera@abc.com.py