Según el interventor Ramón Ramírez, verificaron las denuncias de desvío de fondos que hizo la Contraloría y, con ese argumento, los cartistas procederán a sacar a Prieto del cargo.
El intendente esteño se transformó en un objetivo del oficialismo desde que les ganó la elección en la capital del Alto Paraná y mucho más después de que anunciara su intención de candidatarse a la presidencia de la República en 2028. La creciente popularidad de Prieto lo convierte en un rival de alto riesgo en el futuro inmediato.
En caso que las denuncias contra la administración de Prieto estén justificadas, nadie puede desconocer que varios de los intendentes del país cargan con sospechas y denuncias concretas tanto o más graves que las que pesan sobre el intendente esteño. Sin embargo, no son molestados o directamente son “salvados” mediante espúreos pactos políticos que se concretan sin ningún escrúpulo en la Cámara de Diputados.
Uno de los casos más escandalosos es el del intendente de Tomás Romero Pereira, Hernán Ysidro Rivas, denunciado por corrupto y padre del senador cartista del mismo nombre (supuesto abogado que, pese a sus llamativas deficiencias intelectuales, fue promovido por sus colegas cartistas al cargo de presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, de donde fue sacado cuando su actuación ya pasaba de lo vergonzoso). El pedido de intervención nunca se trató hasta ahora.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Además, en la Cámara de Diputados hay un parlamentario colorado cartista llamado Esteban Samaniego, personaje prepotente y de antecedentes violentos, que tiene al menos cuatro denuncias judiciales y otros tantos pedidos de desafuero que tampoco son tratados. Una de las denuncias es por corrupción.
La pregunta es: ¿qué autoridad moral tiene una mayoría de diputados que encubre a un colega denunciado por corrupción y al que además dieron antes impunidad a otros intendentes para destituir a alguien a quien en verdad temen electoralmente?
Cómo mínimo, deberían resolver antes los otros casos y proceder de acuerdo a la ley.
Si no lo hacen, no se puede sino concluir que la destitución de Prieto será una decisión político-partidaria motivada por oscuros intereses electorales.
mcaceres@abc.com.py