El Ejecutivo ya había rechazado el pedido y vetado el proyecto argumentando que no hay dinero para ello.
Por eso es que más allá de la razón de fondo, resultó una cruel ironía esta semana que una investigación periodística evidenciara que dos sobrinos de la senadora liberal Noelia Cabrera Petters venían cobrando sin trabajar 21 millones de guaraníes al mes como supuestos funcionarios de la Comisión Asesora Permanente de los Derechos para las Personas con Discapacidad.
La relación es inevitable: el monto que venían cobrando mensualmente los hermanos planilleros representa lo que unas treinta personas con discapacidad y situación de vulnerabilidad están pidiendo como una ayuda básica.
El caso de los neposobrinos de la senadora es solo una fotografía de cómo se sigue usando la estructura del Estado en beneficio propio.
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La propia parlamentaria liberal, que habitualmente vota como aliada del oficialismo colorado, había conseguido en agosto de 2023 que contrataran a los hijos de su hermana en la misma comisión que integró y luego presidió, por un monto inicial de 3.500.000 guaraníes al mes para cada uno, hasta que fueron nombrados luego como funcionarios permanentes con un extraordinario aumento que llevó sus salarios a 8 y 13 millones de guaraníes respectivamente.
Pero el caso no solo se quedó en el nepotismo, esa grosera práctica por la que se privilegia con cargos públicos a familiares por encima del resto de los ciudadanos, y que es sistemáticamente puenteada por los congresistas que anualmente introducen de forma grosera un párrafo en la ley de presupuesto por el que se exceptúan a sí mismos de cumplir la ley de racionalización de gastos públicos que expresamente prohíbe los casos de nepotismo.
El caso es más grave, porque además del nepotismo, por conseguir contratos primero y nombramientos después para dos jóvenes sin experiencia, éstos directamente no asistían regularmente al lugar en el que debían trabajar e iban en ese horario a realizar labores al estudio jurídico de la pareja de la senadora liberal.
Planillerismo, cobro indebido de honorarios, estafa al Estado, engaño al contribuyente, cualquiera de estas denominaciones es válida, recordando muchos otros casos descubiertos que tuvieron el mismo sello y que acabaron en la salida del cargo de congresistas que le cargaban al presupuesto público el costo de parientes, empleados y operadores, quedándose incluso en varios casos con la mayor parte del dinero que figuraba en las planillas salariales.
Al verse descubiertos los neposobrinos planilleros renunciaron, pero quedan sin embargo varios frentes abiertos: la devolución del dinero indebidamente cobrado, la conclusión del sumario abierto internamente y su derivación a instancias penales y la consecuencia política del uso indebido de influencias fehacientemente comprobado de la senadora liberal, no solo para hacer contratar y nombrar a sus sobrinos sino para justificar su supuesta asistencia regular a sus lugares de trabajo.
Por el momento y ante la evidencia, ninguno de sus colegas defiende a la senadora, y hasta algunos oficialistas como Maidana y Galaverna ya calificaron el hecho como demasiado grave y una ofensa a la ciudadanía.
Aunque algo de ruido producen las declaraciones del presidente del Senado, Basilio Núñez, quien alega que si uno sale por tener planilleros en el Congreso, muchos otros también deberían salir.
Algo que lleva a preguntar al presidente de la Cámara Alta y Poder Legislativo, ¿cuáles son esos otros casos que conoce y no hace públicos como ordenador de gastos del Senado y el Congreso?
guille@abc.com.py