Es lo que volvimos a vivir el martes pasado, cuando comenzó a difundirse el horrendo crimen que el lunes por la tarde tuvo como víctima a una niña de solo 11 años en una compañía del distrito de Fulgencio Yegros en el departamento de Caazapá. Inmediatamente se conoció también el dato de que la víctima ya había sido abusada tres años atrás, cuando solo tenía 8 años, y que quien había sido condenado como su abusador era un primo suyo que vivía a unos pocos metros de su casa, quien estaba nuevamente libre mediante la libertad condicional obtenida hace poco más de dos meses.
El joven de 24 años se convirtió inmediatamente en sospechoso de haber cometido el crimen, ya que incluso según la mamá de la víctima había prometido vengarse tras ser condenado a la cárcel.
¿Por qué estaba entonces en libertad antes de cumplir con su condena como abusador? Fue el juez de ejecución penal de Caazapá, Osmar Ariel Baeza Cáceres, quien resolvió otorgarle esa libertad condicional, aún a sabiendas de que el abusador viviría a pocos metros de la víctima y en casas conectadas por una única calle.
De ese modo, entonces, el juez que otorgó la libertad condicional al abusador condenó a la víctima del abuso a convivir con él, en un contexto en el que la niña quedó absolutamente desprotegida y vulnerable ante un nuevo ataque.
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Ya ni siquiera hablemos de las tan cacareadas tobilleras electrónicas, que bien hubiesen podido servir en este caso, ya que actualmente solo 8 de ellas están funcionando y exclusivamente dentro de la zona metropolitana.
El fiscal Carlos Ramírez tampoco se opuso a la decisión del juez Baeza, otorgando su dictamen favorable para la libertad del condenado. El mismo fiscal al que le corresponde ahora investigar este crimen y quien también respondió que a su criterio no hacía falta una autopsia porque no habían indicios de abuso, respaldando la opinión de la médica forense María Cabrera, quien se había pronunciado en el mismo sentido.
Esto pese a que cualquier estudiante de los primeros años de derecho o medicina sabe que una autopsia puede arrojar datos fundamentales en la investigación de un crimen, incluyendo muestras que pueden ser sometidas a pruebas de ADN.
La razonable presión de la opinión pública obligó a rever la decisión y realizar la autopsia, que determinó que Monse, como la llamaban sus familiares y amigos, fue estrangulada, y que el autor o autores del crimen la arrastraron hasta el lugar en el que fue encontrada intentando hacer aparecer todo como un suicidio.
En medio del dolor acumulado por las circunstancias del caso, la jueza María Roxana Ramírez dispuso que el principal sospechoso del crimen esté también presente en la autopsia en el mismo sitio que los familiares de la niña asesinada; hasta que alguien con mejor criterio evitó el dolor sobre el dolor por lo que remitieron al imputado nuevamente a su lugar de detención.
Lo último fue la detención e imputación del hermano del primer sospechoso, un adolescente de 16 años sobre cuya sospecha de participación en el crimen ya comentaban los lugareños, por rasguños en algunas partes del cuerpo y porque lo habían visto en la zona en la que se cometió el asesinato.
Recién el jueves lo convocaron a ser inspeccionado por un médico: se negó, lo dejaron volver a su casa y fueron a detenerlo en la mañana del viernes, pero ya no lo encontraron, hasta que decidió presentarse por la tarde y fue imputado el sábado de mañana.
No sabemos el nombre de quién o quiénes asesinaron a Monse, pero hay algo claro, son demasiados los cómplices por omisión dentro de un sistema de justicia en el que se mezclan impericia, negligencia, desinterés e indiferencia.
guille@abc.com.py