Este es un crudo recordatorio de las profundas fallas en nuestro sistema de protección a la niñez y adolescencia. La noticia que sacudió a la comunidad de Fulgencio Yegros en Caazapá no solo se trata de un horrendo crimen, también pone al descubierto la urgente necesidad de una reforma integral para detener crímenes atroces contra niños, niñas y adolescentes inocentes.
El principal sospechoso de este feminicidio y presunto abuso sexual, Marcelo Giménez Duarte, de 21 años, no era un extraño para la víctima ni para el sistema judicial. El ya había sido condenado en el año 2022 por acoso sexual a la misma niña cuando ella tenía apenas ocho años. Pese a esta condena, el sospechoso salió de prisión en libertad condicional en mayo de este año.
La madre de la víctima había denunciado incluso que Giménez Duarte amenazó a su hija después de su detención en 2022, un presagio ignorado que culminó en tragedia. La decisión de otorgar la libertad condicional a un individuo con un historial tan claro y alarmante de violencia contra la misma víctima es un punto de quiebre inaceptable en la cadena de protección.
El juez Osmar Baeza, quien dispuso esta medida, argumentó que el condenado “reunió todos los requisitos establecidos en la ley” y que la supervisión recaía en la policía, afirmando además que no sabía que el sospechoso “veía todos los días a su víctima”.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Estas declaraciones, si bien pueden ajustarse a tecnicismos legales, revelan una desconexión perturbadora entre la aplicación de la ley y la realidad de la seguridad de las víctimas, especialmente de las más vulnerables. Sin embargo, la ley no debe ser una excusa para la desprotección, sino su principal herramienta.
La inicial indolencia de algunas autoridades en el abordaje de este caso es igualmente alarmante. El fiscal Carlos Ramírez, a cargo de la investigación, se negó inicialmente a ordenar una autopsia al cuerpo de la niña, argumentando que no era necesaria porque la causa de muerte ya había sido determinada por el forense y “no había indicios de abuso”.
Esta postura, que llevó a la entrega del cuerpo a la familia sin una inspección más exhaustiva, generó cuestionamientos de familiares y legisladores, quienes ejercieron presión para que se revirtiera la decisión. Solo entonces, el fiscal ordenó finalmente la autopsia en Asunción.
Este episodio subraya una falta de proactividad y diligencia por parte de quienes tienen el deber de garantizar una investigación exhaustiva y justa desde el primer momento. Lo ocurrido en Caazapá es un claro reflejo de la desprotección sistémica que padecen niñas, niños y adolescentes en nuestro país.
A pesar de la existencia de recursos como el Fono Ayuda 147, una línea gratuita y confidencial para denunciar violencia y abuso, estos mecanismos son insuficientes si el sistema de justicia penal no actúa con la rigurosidad, celeridad y empatía necesarias para castigar de forma ejemplar a los perpetradores y, fundamentalmente, para prevenir la reincidencia.
Es inadmisible que un condenado por acosar a una niña sea puesto en libertad condicional y luego sea el principal sospechoso de su asesinato años después. Así las cosas, urge revisar y fortalecer las leyes de protección a la niñez, asegurar que las medidas cautelares y las libertades condicionales se apliquen con la debida consideración al historial de violencia y al riesgo para las víctimas, y capacitar, una vez más, a fiscales, jueces y policías para que actúen con la sensibilidad y el rigor que estos casos demandan.
El sistema no puede seguir siendo un engranaje más en la rueda de la impunidad. La memoria de la niña del violín, y la seguridad de todas las niñas y niños del Paraguay, nos obliga a construir un futuro en el que la protección de los más vulnerables no sea una opción, sino una garantía inquebrantable. Adiós niña del violín, que tu muerte infame no quede en la impunidad.