El salario mínimo solamente beneficia a menos del diez por ciento de los trabajadores, a pesar del esfuerzo oficial de incluir entre sus beneficiarios a quienes realizan actividades parciales. Incluidos esos, lo cual no corresponde para cualquier medición honesta, el salario minimo no beneficia a más del quince por ciento de los trabajadores.
El gobierno sabe eso perfectamente, porque está dirigido por muy buenos economistas. Pero, a pesar de saberlo, se mantiene en la mentira.
La razón no es difícil de entender: Con el ajuste del salario mínimo el gobierno encubre el robo inflacionario, un cuatro por ciento anual del poder adquisitivo de todos los paraguayos que ganamos en guaraníes, con el que financia algún porcentaje de sus gastos públicos. Cada diez años, el gobierno se apodera, a este ritmo, del cuarenta por ciento del poder adquisitivo de todos los salarios mayores al mínimo y golpea con una pérdida equivalente a todos los salarios menores. Un robo puro y simple. Una descomunal transferencia no consentida de riqueza.
Alrededor de un cincuenta por ciento de los trabajadores paraguayos no recibe el salario mínimo, o porque se desempeña en el sector informal o porque trabaja a tiempo parcial. Alrededor de poco más del treinta por ciento de nuestros trabajadores gana más que el mínimo. A esa enorme cantidad de trabajadores el ajuste del salario mínimo le perjudica, y mucho.
A los que ganan menos porque hay una cantidad de cargas públicas que se miden de acuerdo al jornal mínimo que es un derivado del salario mínimo. Esa unidad de medida sube para todos y los que ganan menos que el mínimo no tienen manera de compensarlo porque ellos no tienen ajuste.
Pero además les causa daño porque el aumento del salario mínimo aumenta el costo de la formalidad, por lo que el monstruoso índice de informalidad de nuestra economía se consolida con cada ajuste, lo que condena a ese alrededor de cincuenta por ciento de trabajadores a seguir siendo siempre esa cantidad.
A los que ganan más, el salario mínimo perjudica no solamente por las cargas públicas señaladas más arriba, sino también porque destruye el incentivo de la especialización, del esfuerzo, del estudio pues los barrenderos terminan igualando los salarios de los técnicos.
El resultado no se limita a destruir la motivación por la superación, sino que aumenta el nivel general de ineficiencia de la economía paraguaya, que ya es estructuralmente ineficiente.
Santi sabe todo eso, al dedillo.