La situación desnudó varias realidades que enfrenta una de las ciudades más importantes del país. Primero, las rutas nacionales número 2 y número 6, que cruzan la ciudad, permanecen totalmente abandonadas por quienes, en puridad, deben encargarse de su ordenamiento: la Patrulla Caminera.
Pese a las quejas y reclamos, estos no se ocupan de ordenar el tránsito sobre estas rutas en puntos tan críticos como la rotonda del km 10, la rotonda Oasis o la rotonda del Área 1. Este vacío siempre fue suplido por los agentes de la PMT.
Segundo, demuestra que las instituciones se manejan al antojo de las autoridades de turno y no responden a un mecanismo de articulación entre ellas.
Para paliar la situación, el interventor pidió apoyo a la Policía Nacional, que rápidamente designó a varios uniformados para ordenar el tránsito. Esto jamás habría ocurrido si el pedido provenía de un intendente no colorado, como lo es Prieto.
Tercero, queda claro que para ningún grupo político la ciudadanía está por encima de sus propios intereses. Independientemente de que la intervención corresponda o no, la ciudadanía no tiene por qué pagar el pato.
Este episodio revela una peligrosa fragilidad institucional, pues si bastan unas vacaciones masivas o una orden informal para paralizar servicios básicos como el control del tránsito, entonces estamos en un sistema clientelar donde los intereses políticos pueden disponer del bien común a su antojo.
Además, se evidencia una falta de planificación y protocolos de contingencia. En una ciudad con el volumen de tránsito de Ciudad del Este, no puede permitirse la ausencia de agentes ni un vacío de autoridad en las calles. Las consecuencias van desde la congestión hasta los accidentes, con costos sociales y económicos importantes.
La ciudadanía merece servicios básicos blindados ante vaivenes políticos. No puede depender del humor o la lealtad partidaria de un grupo de funcionarios.