La experiencia de elegir magistrados por voto popular no es nueva (EE.UU., Suiza y Japón eligen a sus magistrados para gobiernos locales. Más cerca, en Bolivia se aplica para jueces de alto tribunal).
Pero hasta ahora, ningún sistema similar se había aplicado a escala nacional como en México donde se elegirán 881 funcionarios federales, incluidos los nueve ministros de la Suprema Corte, y otros 1.800 funcionarios regionales.
La iniciativa, propiciada por el anterior gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ejecutada por Sheinbaum, a primera vista es loable, pero suscita dudas sobre la futura calidad de la justicia. Suponer que esta elección limpiará el sistema de buenas a primeras es una falacia dado el escalofriante índice de impunidad de 94% en México, en donde solo el 16.2% de los casos de homicidios intencionados llegan a un juez.
Cambiar una estructura y sus vicios no se hace de la noche a la mañana, se requiere de un proceso con un alto componente de voluntad política, cuestión poco probable dada la polarización provocada por esta reforma.
A saber, el partido gobernante acusa al poder judicial de ser corrupto y plagado de nepotismo, a su vez, la oposición teme la creación de un régimen autoritario, lo que pone de relieve un dilema crucial: ¿qué consecuencias tendrá sobre los procesos judiciales y el acceso real a la justicia?
Ensayando respuestas se pretendió despolitizar las campañas de los candidatos con la ausencia de los partidos; esto no necesariamente eliminó la cercanía ideológica o los compromisos ocultos con sectores que financian las campañas desde la trastienda (sector privado, la mafia o el crimen organizado).
Además, los críticos a esta elección han señalado, con razón, la falta de procedimientos serios para exponer las habilidades e idoneidad de los candidatos; a todas luces una señal confusa ya que se pretende mutar estructura sin los mecanismos de transparencia necesarios.
También se ha instalado el temor de que los jueces electos “se acomoden“, no ante “la ley“, sino ante sus “apoyos”, dejando a un lado el verdadero propósito de las elecciones: sanear genuinamente el sistema judicial.