En medio de todo este debate aflora la gran desconfianza que existe en torno a las instituciones públicas del país, principalmente hacia la Contraloría General de la República, que tiene un papel crucial por ser una especie de equilibrio de poder. Sin embargo, recientes episodios muestran que esta institución fue utilizada para dar golpes a los rivales políticos del poder de turno, como ocurrió con el intendente capitalino Mario Ferreiro.
Esta desconfianza se extiende a instituciones igualmente relevantes, como el Ministerio Público, que debería representar la justicia. Se espera una actuación imparcial, pero eso no siempre se refleja. No solo en los procesos contra políticos opositores, sino también en contra de los más vulnerables a lo largo y ancho del país.
Es grave que en un país supuestamente democrático no exista esa certeza en las instituciones dedicadas a equilibrar el poder, y que muchas veces persigan, orquesten y den golpes a sectores que no responden al gobierno de turno.
Independientemente de que existan o no irregularidades, cualquier intervención debe brindar la tranquilidad de que las cosas se harán correctamente, pero eso está muy lejos de la realidad.
La desconfianza también se alimenta por la falta de transparencia en los procedimientos y las acciones que llevan a cabo estas instituciones. Muchas veces, el silencio y la opacidad generan sospechas aún mayores, haciendo difícil distinguir cuándo realmente hay un daño o simplemente una práctica inadecuada.
Además, la influencia de intereses políticos internos y externos siempre se posiciona por encima del verdadero interés de la ciudadanía en tener instituciones sólidas y confiables. La lucha por el poder, en muchos casos, se impone por encima del Estado de derecho y la justicia social.
Por último, es fundamental que los órganos de control y justicia recuperen su independencia y credibilidad, pues solo así podrán cumplir su rol de manera efectiva y brindar la confianza que la población necesita para fortalecer la democracia en el país.