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En los últimos meses se han registrado múltiples denuncias sobre la existencia de puntos de venta clandestinos de estupefacientes, principalmente en zonas urbanas y rurales con alta densidad poblacional. Esta problemática no solo se refleja en la comercialización de drogas, sino también en hechos delictivos asociados, como robos, agresiones y conflictos entre grupos.
Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué está fallando? ¿Por qué en vez de mejorar, nuestros jóvenes cada vez están más envueltos en las adicciones?
Como muestra de esta situación, el pasado 23 de abril, un punto de venta de drogas fue desmantelado en la ciudad de Caacupé, tras un allanamiento realizado en una vivienda del barrio San Francisco, ejecutado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Fiscalía. Durante el procedimiento se logró la detención de un presunto microtraficante, de 25 años de edad quien, según informaron los investigadores, intercambiaba estupefacientes por objetos robados.
Los datos proporcionados por la Policía Nacional indican que, en lo que va del año, ya se realizaron 20 procedimientos antidrogas en Cordillera, con un saldo de 20 personas detenidas y la incautación de marihuana, cocaína y crack. Sin embargo, pobladores sostienen que estos operativos no son suficientes y reclaman una estrategia más integral, que contemple no solo el combate frontal, sino también la prevención y el trabajo social.
Desde distintos sectores sociales se advierte que la presencia de focos de venta de drogas clandestinas pone en riesgo la convivencia barrial y limita la posibilidad de una vida segura, sobre todo para niños y adolescentes. Esta situación se ve agravada por la falta de oportunidades laborales, el acceso limitado a actividades recreativas y la carencia de espacios de contención en varias localidades.
Una comisión ciudadana realiza reuniones interinstitucionales semanales con participación de fuerzas de seguridad, autoridades locales y organizaciones barriales. El objetivo es articular acciones conjuntas que incluyan más operativos, patrullajes preventivos, campañas educativas y programas destinados a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, pese a los constantes esfuerzos, la situación parece no mejorar en el departamento.
Luchemos para frenar este flagelo.