Mientras el mundo conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, en Paraguay se impone un fenómeno preocupante: el avance silencioso de una retórica de “reformas” que, bajo el disfraz de “flexibilización” y “modernización”, buscan desmantelar protecciones históricas conquistadas con décadas de lucha obrera, acusaciones de comunismo y torturas vejatorias en la dictadura.
Las narrativas como herramienta
Esa retórica se convirtió en narrativa y cobró fuerza el 12 de septiembre de 2024, cuando durante la Expo Negocios el presidente Santiago Peña afirmó: “la estabilidad hoy está condenando a los trabajadores paraguayos a no jubilarse. Las estadísticas, los números lo demuestran”. Posteriormente, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez García de Zúñiga, se refirió a la necesidad de flexibilizar el mercado laboral, incluso sugiriendo la eliminación del salario mínimo.
Toda la maquinaria mediática al servicio de ciertos grupos empresariales que el gobierno gestiona (¿o que gestionan al gobierno?) difunde sistemáticamente mensajes a través de “expertos” que destacan las supuestas bondades de eliminar derechos laborales.
La informalidad en el centro
En contraste, el más reciente informe Panorama Laboral 2024 para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) subraya que una de las principales deficiencias estructurales en la región es la alta informalidad. Paraguay, junto con Perú y Ecuador, encabeza este problema.
Pero en vez de fortalecer los mecanismos de formalización, el razonamiento del gobierno parece ser: “perdiendo derechos seremos modernos” o “socavando derechos reduciremos la informalidad”. Algo así como “eliminar la pobreza matando al pobre”.
La flexibilización de los derechos laborales no ha generado mejoras significativas ni en la cantidad ni en la calidad del empleo en ningún país. Por el contrario, ha traído consigo un aumento de la precariedad, la informalidad y la desigualdad. Bajo la promesa de atraer inversiones y generar “nuevas oportunidades”, se oculta un grave retroceso: los trabajadores pierden poder de negociación, estabilidad y acceso efectivo a la seguridad social.
Es fundamental desenmascarar esta narrativa. La experiencia latinoamericana demuestra que la flexibilización no crea empleos de calidad, sino que produce un mercado laboral más volátil, más desigual y más peligroso para quienes ya viven en condiciones precarias.
Primeros golpes a los derechos laborales
La narrativa oficial ya ha comenzado a materializarse en hechos concretos. La Ley 7444, que regula las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), introduce disposiciones que permiten el pago por debajo del salario mínimo, eliminan el preaviso y eximen del pago de indemnización. Esta norma representa una grave regresión en materia de derechos. Con seguridad ya se estará gestando alguna acción de inconstitucionalidad.
Vulnerabilidad climática: la amenaza ignorada
A la rebaja de derechos, se suma una amenaza que no puede seguir siendo ignorada: el cambio climático. La OIT ha advertido en su informe especial sobre "Empleo y Cambio Climático en América Latina" que millones de empleos en sectores clave —agricultura, construcción, transporte y comercio informal— están en riesgo por fenómenos extremos como sequías prolongadas, olas de calor y lluvias torrenciales, este informe no exime a Paraguay.
Las políticas de adaptación, mitigación y resiliencia ante el cambio climático, no son una cuestión aislada y exclusiva de materia ambiental. El primer afectado por la variabilidad y el cambio climático es el Ser Humano y cuando hablamos de Ser Humano digno, hablamos de uno que trabaja, pero la transversalidad y el criterio en favor de la gente y de un país mejor, no son estimados por parte de la diregencia nacional.
El país acaba de atravesar uno de los veranos más secos de su historia reciente, con efectos devastadores sobre la producción agrícola y las condiciones laborales rurales. La variabilidad climática no solo pone en riesgo los ingresos, sino que también amenaza la salud, la seguridad y los derechos más básicos de quienes trabajan en condiciones extremas o sin infraestructura adecuada. Pero el eje de las prioridades del gobierno de Santiago Peña no está en la gente ni en su bienestar.
Hoy más que nunca, conmemorar el Día de los Trabajadores implica recordar que el trabajo digno es un derecho humano, y que los desafíos de nuestro tiempo —la desregulación laboral y la crisis climática— exigen respuestas de la gente, la voz de los acallados; y no seguir permitiendo a los políticos actuar en favor de sus patrones.Flexibilizar los derechos no es modernizar el empleo: es precarizar la vida.
“Un país que precariza a quienes trabajan no solo renuncia al progreso: renuncia a su propia dignidad.”. Y está más que demostrado que el actual Ejecutivo Nacional de dignidad entiende muy poco y está en duda si alguna vez tuvo alguna.