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El capítulo de Black Mirror, que se llama Gente Ordinaria (Common People), cuenta la historia de una maestra y un herrero, que tienen que hacer “magia” con sus economías para pagar el uso de una herramienta tecnológica con IA que mantiene con vida a la docente. Y la forma en que la farmacéutica que ofrece el servicio, indolente, sin ningún tipo de humanidad, exige pago sobre pago, sin importar cómo ni de dónde venga el dinero.
Mucho deja para el análisis este capítulo, altamente recomendado si está a tu alcance verlo. Pero una de las conclusiones a las que fácilmente se llega es el parecido entre este cuento, de ciencia ficción, y nuestra cruel y cotidiana realidad en el servicio de salud pública, que incluye la atención en el Instituto de Previsión Social (IPS); y la atención médica privada que uno pudiera llegar a tener en el caso de enfermedades catastróficas. En el servicio privado, que cobren hasta por respirar no es de sorprender. Hacen de la salud y de la enfermedad un negocio que, cuando no hay control suficiente del Estado, abusa. Pero en el sector público, es de caraduras el modo en que la ministra de Salud, María Teresa Barán, el presidente de IPS, Jorge Brítez, y todo el gabinete de Santiago Peña, siguen haciéndose de los ñembotavy, cuando en los hospitales urge de todo.
A modo de ejemplo, esta semana, en Urgencias de Pediatría del Hospital Central del IPS, médicos denunciaron que no tienen ni sillas y los niños no tienen sanitarios. En el Centro de Salud de San Antonio, funcionarios dicen que la guardia nocturna no tiene insumos ni alimentos para la cena; la farmacia está cerrada los fines de semana, el equipo para rayos X está averiado. El senador liberal Enrique Salyn Buzarquis denunció ante la Fiscalía, la existencia de un grupo mafioso en salud pública, que frustra la operatividad de equipos biomédicos, como los tomógrafos, para beneficiar a empresas privadas. Y hay que añadir, lastimosamente, más de seis bebés recién nacidos fallecidos este año por falencias en hospitales públicos. Esto sin hablar del cáncer y de las enfermedades renales, principales causas de muerte en nuestro país, pero para las que no hay medicamentos ni equipos suficientes para que el tratamiento indicado llegue a tiempo en el servicio público de salud. Acceder a ellos en el sector privado es, directamente, un lujo impagable para la mayoría.
Por eso este es el país de las polladas. Y es que, salvo quienes tienen dinero para hacerse tratamientos médicos en otro país, como hicieron varios políticos, incluido el vicepresidente Pedro Alliana, nosotros, los ciudadanos de a pie, los comunes, siempre estamos a una enfermedad de perderlo todo.