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Lo peor es que el embargo se hizo sobre un pagaré por una supuesta deuda que en realidad ya fue totalmente cancelada hace algunos años. Pese a ello Luciana tiene que sobrevivir en este momento con los 1.600.000 guaraníes mensuales que le quedan, con los que también tiene que afrontar un tratamiento por una enfermedad reumatológica.
Éste es solo uno de los muchos casos expuestos en una audiencia pública en la Cámara de Senadores, para escuchar a las víctimas del caso popularmente bautizado como de la “mafia de los pagarés”.
Y lo que se sigue destapando a medida que avanzan las denuncias e investigaciones deja al descubierto un sistema nauseabundo de apropiación del dinero ajeno a través de una operativa que se repite con notable similitud en diferentes juzgados.
El sistema ataca generalmente a los más vulnerables, a aquellos que tienen menos información y habilidad para entender las operaciones crediticias, y con menos recursos para defenderse luego del aplastante operativo de embargos y juicios, con la complicidad de jueces, actuarios y ujieres de nuestro sistema judicial.
Muchos de los denunciantes dicen haber sido demandados pese a haber cancelado en tiempo y forma sus deudas, aún así tuvieron que volver a pagar para evitar un peregrinar judicial que les llevaría tiempo, dinero y, sobre todo, desgaste de la salud física y mental.
Un sistema de estafa y extorsión con demandas promovidas sobre deudas ya canceladas, utilizando a oficinas y funcionarios del Poder Judicial como lo son los jueces de paz, actuarios, oficiales de justicia y ujieres, convenientemente aceitados por abogados y empresas de cobranzas.
El caso comenzó a documentarse a fines de diciembre con una denuncia formal, y en febrero ya fueron allanados cinco juzgados de paz de la capital.
Semanas después ya comenzaron las imputaciones, que hasta el momento son más de sesenta, encabezando la lista los cinco jueces y exjueces de paz: Gustavo Villalba, Analía Cibils, Víctor Nilo Rodríguez, Nathalia Garcete y Liliana González, además de sus actuarios judiciales, ujieres, oficiales de justicia y algunos abogados que litigaban en estos juzgados.
El sistema de apriete es similar, con plena connivencia entre los diferentes jueces, actuarios, ujieres, oficiales y abogados demandantes, quienes conseguían vía libre en procesos de preparación de acción ejecutiva, al falsear el sistema de justicia las supuestas notificaciones a las víctimas, que de ese modo no podían interponer recursos ni defenderse, y solo ya tomaban conocimiento al sufrir los descuentos compulsivos de salarios y jubilaciones a través de los embargos.
Tan impune era este sistema de aprietes que en muchos casos hasta falsificaban las firmas de los supuestos deudores, nos decía en la 730AM el abogado Jorge Rolón Luna, quien formalizó la denuncia inicial contra estas roscas montadas en el mismo sistema de justicia.
“Lo grave que nos pareció en toda esta situación es que estamos hablando de un sector socioeconómico bajo” relataba Belinda Bobadilla, una de las fiscales del caso, confirmando el modo de operar del sistema de estafa y extorsión.
La investigación constató que se consignaban supuestas notificaciones masivas en un mismo día y hora, algo materialmente imposible, y hasta ahora son casos documentados en juzgados de paz de la capital, pero ya hay denuncias de víctimas en Alto Paraná, Caaguazú, San Pedro, Concepción, y en el Chaco, donde docentes indígenas fueron incluso demandados sin haber solicitado préstamo alguno.
En el Senado se conformó una comisión especial para recoger las denuncias, mientras que la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública anuncian que acompañarán a las víctimas.
La Corte por su parte ya comunicó que no se pueden disponer anulaciones genéricas de juicios ejecutivos y levantamientos de embargos, y que cada caso debe tratarse de forma independiente.
Lo indudable es que es un sistema de estafa y extorsión que lleva operando con impunidad desde hace muchos años, y que ya destruyó miles de vidas, un esquema mafioso montado en pleno sistema de justicia, que no solo afecta a las actuales víctimas directas, sino a todas las personas que requieren de garantías para afrontar procesos judiciales.
Recordando que la violación del debido proceso es la violación a uno de los derechos humanos más fundamentales.
guille@abc.com.py