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Toneladas de concreto truncaron la vida de una adolescente de tan solo 15 años y la de su abuela la noche del miércoles 2 de abril en el barrio San Roque de Encarnación. Murieron aplastadas por una obra que pretendía ser un apart-hotel, que albergaría a cientos de turistas de haberse habilitado.
Los peritos forenses serán quienes determinarán las causas del derrumbe, pero para la ciudadanía no cabe duda de que lo más probable es que la pobre construcción fue empujada por la desidia de las autoridades y una posible negligencia criminal por parte de los encargados de proyectar una obra de semejante envergadura.
Doña Hermelinda (55) dormía en la Feria de la avenida Japón, en su puesto de comidas porque no tenía cómo volver a su hogar. Vivía en una compañía a las afueras de la capital de Itapúa, donde no tienen acceso a transporte público. Su nieta la acompañaba para ayudarla. Buscaron un refugio para no pasar frío en la intemperie y un sereno les permitió dormir en la obra.
El Ministerio Público tiene la tarea de llegar a los responsables del hecho, para lo que designó a un equipo de tres fiscales. Preliminarmente, la carátula de la causa se mantiene como intervenciones peligrosas en la construcción.
Los proyectistas pidieron la habilitación para construir hasta cinco pisos, posteriormente para llegar a un séptimo piso. La municipalidad multó al responsable tras constatar que había un octavo piso edificándose en julio de 2024. Tras pagar la multa solicitaron la aprobación en agosto de ese mismo año y fue habilitada esa extensión de la obra. Supuestamente, según el director de obras, este proceso fue controlado por la comuna, pero nadie se dio cuenta de que algo malo podría pasar. Algo evidentemente falló para que nadie se percate de que esta fachada podía caer en cualquier momento.
Lo sucedido en una de las principales ciudades del país, que tiene un desarrollo inmobiliario en crecimiento, debe abrir un debate nacional para analizar la posibilidad de hacer más rigurosas las legislaciones en la materia. ¿Qué pasaría si esa misma estructura colapsaba con cientos de obreros, o turistas, si llegara a habilitarse?
Resta confiar en que la justicia llegará y devolverá la tranquilidad a los encarnacenos y a un país preocupado por los alcances de las omisiones, el actuar criminal de algunos emprendimientos y de las propias autoridades. Los responsables deberán pagar, aunque se escondan debajo de los mismos escombros que adornan la calle Capellán Molas.