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En un gran acto, se inauguró pomposamente el pasado 20 de febrero la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal que prometía ser la solución definitiva para los pacientes recién nacidos en el Hospital Regional de Villarrica que requieran cuidados intensivos. Sin embargo, el 26 de febrero, el primer paciente que la necesitó, debió esperar casi 10 horas para ser trasladado hasta un centro asistencial especializado en la capital, porque, al parecer, no funcionaba la dependencia. Sobra mencionar las horas clave perdidas.
Finalmente, el 1 de marzo, el pequeño falleció en Asunción, reavivando la indignación y el sentimiento general de haber sido engañados con una inauguración para la foto, como si de tiempos de Stroessner se tratara.
Lo lógico sería esperar a que la sala para neonatos esté terminada y operando para anunciarla, pero pesó más la necesidad de presumir como un gran logro del Gobierno para desviar la atención de las críticas sobre la ejecución de otras obras y falencias. En lugar de ganarse la confianza de la ciudadanía, solo se logró poner aún más en duda la moral del Gobierno que pone a disposición servicios incompletos, mismo caso que se dio con el nuevo Hospital General de Coronel Oviedo.
La cartera sanitaria, en lugar de asumir el fracaso, optó por destituir al director del hospital, Dr. Cristian Matto, quien fue el único que salió al paso de la polémica para mostrar que las costosas camas de UTI no fueron retiradas y cuáles fueron las modificaciones necesarias antes de la puesta en funcionamiento de esta unidad. Días después, también le tocó a Elías Benítez, quien ya fue reemplazado en su antiguo cargo como director de la IV Región Sanitaria.
Matto fue señalado por la ministra de Salud como responsable, total y exclusivo, de supuestamente haber cerrado la UTI sin autorización ni consulta mientras esta ya estaba supuestamente operativa. Sin embargo, los documentos filtrados vuelven a desmentir la versión oficial del ministerio.
Las respuestas ya no son confiables, cada nueva versión es más puesta en duda que la anterior. Mientras más intentan justificarse las autoridades, más suena a que se lavan las manos del problema mayor, ignorando el pedido de la ciudadanía y gremios de salud, que piden la renuncia de la ministra María Teresa Barán.
