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El segundo gran escándalo fue ese mismo día: el país entero vio que en la mesa donde iban a hablar del terremoto político/judicial que se vive estaban varios de los “charlistas” con el fallecido diputado: el vicepresidente Pedro Alliana, el presidente de la Corte César Diesel, el asesor del poder ejecutivo, José Alberto Alderete, gran comensal de noches de sushi; y a través de terceros, hemos visto como el secretario del Fiscal General del Estado, sentado a la mesa, conseguía las audiencias ordenadas por Lalo Gomes. Ya ni mencionar que el subcontralor, mano derecha del Contralor, ayudaba a intermediar con el vicepresidente de la República.
Lalo Gomes habrá dicho con toda razón: “Pero si ahí solo falto yo”.
El tercer y último escándalo de ese mismo día fue que quien llevó la voz cantante para leer el comunicado fue Santiago Peña, titular del Poder Ejecutivo, el ÚNICO de los tres poderes que hasta este momento no hizo ABSOLUTAMENTE NADA.
Debe ser muy grande la deuda a honrar con José Alberto Alderete y con el Ministro de la Secretaría Nacional de Inteligencia Marco Alcaraz como para atornillarlo pese a descubrirlo hablando de un proceso fiscal, revelando detalles de las investigaciones y hasta cambiando fiscal. El caso estaba vinculado al narco Luiz Carlos Da Rocha (Cabeza Branca), en relación a su testaferro Emil Moreira, linkeado aparentemente con Lalo Gomes.
Quienes sí hicieron algo inapelable y realmente contundente hasta ahora fueron los diputados, quienes con toda razón reclamaron a sus líderes que han sido los únicos en tomar acción contra Orlando Arévalo al aceptarle la renuncia.
Ante estas tibias y vomitivas reacciones solo queda que TODOS los medios juntos podamos exponer TODA la podredumbre. Hace 54 años un juez intentó prohibir en los EEUU la publicación de 7.000 páginas de un informe sobre Vietnam que la prensa obtuvo legalmente de un informe obtenido ilegalmente.
La Corte Suprema fue inapelable: ordenó la publicación y sentenció que el riesgo de dañar la democracia mediante la publicación de información es preferible al riesgo de destruirla permitiendo que el gobierno decida lo que los ciudadanos pueden saber.
Cuando un gobierno autocrático suplanta al gobierno para el pueblo, el mal gobierno del poder desplaza al imperio de la ley. Como periodista, agradezco a los familiares de Lalo Gómes por permitir que el teléfono de un muerto rescate con vida a un Paraguay agonizante en sus instituciones.
