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La normativa también marca un avance en la lucha contra el cambio climático (fenómeno desconocido por los negacionistas) y la posibilidad de atraer inversión sostenible. Sin embargo, este nuevo marco legal enfrenta desafíos significativos, particularmente en lo que respecta a la matriz forestal y su impacto en pequeños productores y comunidades indígenas.
La falta de conocimiento sobre los alcances de la regulación abre la puerta a la apropiación indebida de tierras ancestrales, desplazando a estas poblaciones y alterando sus modos de vida, que ya de por sí presenta problemas de olvido y abusos.
Casos en Brasil y Colombia evidencian cómo estos proyectos pueden degenerar en conflictos territoriales y violaciones de derechos humanos. De ahí que la urgencia de aterrizar la reciente reglamentación en términos prácticos y claros se torna crucial para evitar que esto derive en una nueva forma de injusticia social.
Así las cosas, el Estado debe implementar medidas concretas. En primer lugar, es esencial establecer un mecanismo de consulta previa, libre e informada con los pueblos originarios, garantizando su participación en la toma de decisiones sobre proyectos de carbono en sus territorios. En segundo lugar, debe implementarse un sistema de monitoreo independiente que asegure que los beneficios económicos de estos proyectos se distribuyan equitativamente.
Así también se debe fomentar la creación de proyectos de carbono liderados por comunidades indígenas (un caso de éxito es Perú con capacitación y apoyo técnico de gestión de proyectos).
Paraguay se encuentra ante un punto de inflexión que supone liderar la sostenibilidad regional o sucumbir a un mercado de créditos de carbono que exacerbe la desigualdad. La falta de controles adecuados podría convertir esta oportunidad en una herramienta de despojo para las comunidades indígenas.
El Estado debe asumir la responsabilidad de salvaguardar los derechos de los pueblos originarios, asegurando que los beneficios de este sistema sean equitativos y tangibles tanto para dichas comunidades en particular como para el país en general.
