La necesaria búsqueda de la verdad

Yo no sé ustedes, pero me alegra que se sepa todo esto que se viene revelando en estos últimos días. Esto -el manejo descarado de este submundo detrás del escenario judicial y fiscal de nuestro país- siempre se supo, era vox populi.

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De hecho, ya habíamos visto algo similar en los tiempos de los reveladores audios del caso del fallecido exsenador Óscar González Daher (extitular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados) y de Reinaldo “Cucho” Cabañas, acusado por narcotráfico y otros delitos.

Y con estos últimos chats tuvimos oportunidad de conocer la real dimensión del sometimiento e instrumentación de los magistrados por grupos extrapoder, ahora en evidencia.

Lo que no termina de asombrarme y hasta molesta un poco es la reacción -hasta si se quiere, exacerbada- de algunos por la supuesta violación de las normas, los artículos y demás formalidades, pasando por alto el gravísimo contenido de estas conversaciones que podrían representar, según lo dijo el propio juez Osmar Legal, tráfico de influencias, coima, lavado de dinero, asociación criminal y otros delitos. ¿Cómo es posible que no se indignen ante el lamentable espectáculo del ruin negociado en nombre de la justicia?

Bueno, digamos que los abogados están en su papel. Así que viéndolo desde esa óptica, no debería ser motivo de sorpresa. Pero después de escuchar al fiscal general del Estado en una entrevista radial cuestionar con vehemencia la filtración de los datos y hasta acusar al juez de inmiscuirse en la investigación, por hacer la denuncia, me quedé sin entender su mensaje.

Emiliano Rolón se queja de que no tiene recursos para la extracción de datos pero cuestiona al fiscal que recurrió para ello a la Policía, que sí tenía equipo especializado para hacerlo.

Por un lado, Rolón mantiene en sus unidades a los fiscales cuestionados pero envía a una fiscalía del interior al fiscal que solicitó la extracción. Detalle: Osmar Segovia es fiscal de Central, asignado a una unidad especializada, pero ni eso le salvó del “castigo”.

Según dijo el fiscal general, uno de los “pecados” de Segovia fue no haber apelado la resolución por la cual el juez dispuso remitir los celulares a la Policía para la extracción de datos.

¿Por qué el enojo? ¿Acaso no persiguen el mismo fin? ¿Cuál es el sentido de dilatar con chicanas una diligencia que se puede hacer en forma inmediata? ¿O el verdadero problema es que no querían que se sepa de estos entretelones? (por decirlo de manera elegante).

No seamos ingenuos tampoco.

Sabemos también que el hecho de que se descubran este tipo de entuertos no nos asegura que los responsables sean sancionados. En esto sí, hay que ver para creer, como Santo Tomás. Entonces, basta de tratar de tapar el sol con el dedo.

Es hora de que permitan de una buena vez que la luz ilumine esta cloaca y que se hundan en la vergüenza todos los mercenarios de la justicia. Sabemos que es muy probable que no sean sancionados pero por lo menos, saquémosles las caretas.

Sinceramente, después de ver los chats, creo que lo que menos importa es si se guardaron o no las formas o si la información -que es real- se filtró del juzgado, de la Fiscalía o de la Policía. Acá lo que importa es la verdad. Supongo que a todos los operadores del sistema que aún mantienen sus ideales de justicia intactos, les debería importar lo mismo.

rferre@abc.com.py

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