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Mediante un decreto-ley de 1959, el Poder Ejecutivo se atribuyó la facultad de fijar tasas de tránsito por el uso de rutas y puentes en las zonas en que sean necesarias para mejorarlos o conservarlos; la sigue ejerciendo hasta hoy, pero la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión –convocada por la Comisión Permanente del Congreso–, se niega a reducirlas, tras las comprensibles protestas generalizadas contra el aumento tarifario de entre 5.000 y 30.000 guaraníes, que rige desde inicios de enero en tres de los dieciséis puestos del peaje, que en total recaudan un promedio de 15.000 millones de guaraníes mensuales. Lavándose las manos, la ministra prefiere que la disposición sea revertida por una ley, como si quien dicta un acto administrativo no pudiera revocarlo en el marco de su competencia indelegable. Intentando justificar la suba, el MOPC sostuvo en su portal de internet, el último 31 de diciembre, que “el aporte de los usuarios a través de los peajes es fundamental para garantizar rutas más seguras, transitables y en constante mejora”, pero el diputado Rubén Rubin (independiente) reveló que el desembolso sirve sobre todo para mantener el aparato burocrático de esa entidad que cuenta con más abogados que ingenieros civiles.
En efecto, según un dato oficial –curiosamente desmentido por la ministra– solo el 7% de los 173.000 millones de guaraníes recaudados en 2024 se destinó a la inversión física, esto es, al mejoramiento vial. La parte del león se la llevaron los servicios personales –salarios, bonificaciones, aguinaldos– y no personales –pasajes, viáticos, seguros médicos privados– de unos 3.500 funcionarios y contratados ministeriales. En otros términos, si lo recaudado por peaje no se aplica para que las rutas y los puentes se hallen en buen estado, mucho menos contribuye a que la infraestructura vial mejore en calidad y en extensión. Sería muy ingenuo suponer que el aumento dispuesto hará que los transportes circulen con seguridad, sin que sus conductores deban eludir baches y vacunos o lamentar la falta de señales de tránsito o su destrucción. La experiencia enseña a desconfiar del director de Finanzas del MOPC, Gustavo Garcete, cuando dice que se planea comprar ambulancias y vehículos de auxilio mecánico para casos de emergencia rutera. Es de temer, más bien, que los mayores ingresos sean empleados para financiar gastos rígidos, en primerísimo lugar.
La administración pública nacional está, antes que nada, al servicio de sí misma y de los politicastros que apadrinan a sus parientes, amigos y correligionarios allí instalados; lo mismo cabe decir de la municipal, siendo quizá la asuncena el mejor ejemplo de tal aberración: cobra una “contribución especial por conservación de pavimento” y un “fondo especial para pavimentación y obras complementarias”, pero el estado de sus calles y avenidas es en general lamentable, porque, como en el MOPC, lo recaudado en tal concepto no se destina solo a obras viales, ni mucho menos, sino que se desvía hacia “gastos de personal”, esto es, hacia la clientela, en gran medida superflua. Es obvio que cuando el Estado percibe una tasa por un servicio público, siempre que lo brinde efectivamente, debe destinar la suma ingresada a su mantenimiento y mejora, incluyendo las retribuciones para los encargados de esos menesteres. Pero, desde luego, estas no deben llegar al extremo de equivaler, como en el caso del peaje, al 58% de la recaudación, a lo que se agrega el 28% para los servicios no personales, restando apenas una minucia para los gastos de capital, indispensables para conservar y ampliar la red de rutas.
Indigna que se expolie a los conductores para alimentar a quienes, en lo esencial, se ocupan de sí mismos antes que de sus conciudadanos y que la ministra en cuestión no tenga el valor de corregir un gravísimo error. La medida dispuesta en mala hora no habría generado tanto rechazo si quienes se desplazan dentro del país observaran que el MOPC está haciendo un buen trabajo en materia de infraestructura vial. Como eso no ocurre, se resisten a ser tomados por idiotas con el fin de asegurar el bienestar de quienes viven del bolsillo de los contribuyentes, sin ofrecerles ninguna contraprestación relevante.
Resulta desagradable, por decir lo menos, tener que pagar más solo para que la clientela política siga satisfecha. Mientras el Estado no dé muestras claras de esforzarse por mantener y mejorar rutas y puentes, quienes se ven forzados a transitar por ellos no querrán darle más dinero. Para convencerlos, la ministra debería deshacerse de los subordinados que están de más y acentuar el control interno para combatir la corrupción y el derroche, con lo que bien podría obtener los fondos necesarios para elevar la inversión física y demostrar así a la gente que vale la pena pagar el peaje.