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Es alarmante que decenas de niños vivan en condiciones de extrema precariedad, sin acceso a agua potable ni servicios básicos, expuestos no solo a enfermedades, sino también a la explotación laboral y sexual.
Este escenario no es producto de decisiones individuales ni de una posible falta de voluntad por parte de estas comunidades para permanecer en sus territorios. Por el contrario, refleja la ausencia de oportunidades económicas, educativas y sanitarias en sus lugares de origen, lo que las obliga a migrar hacia las ciudades en busca de sustento. Por otro lado, es preocupante la percepción de que estas familias “no presentan reclamos concretos”. Su presencia en Ciudad del Este es, en sí misma, un grito de auxilio.
No se trata solo de entregar medicamentos o capacitaciones esporádicas, sino de abordar las causas profundas de su migración: la falta de acceso a tierras productivas, el deterioro ambiental de sus territorios y la exclusión de los procesos de desarrollo nacional.
El trabajo interinstitucional es fundamental, pero no puede limitarse a intentos de reinserción en comunidades que no ofrecen las condiciones mínimas para una vida digna.
Es imprescindible un enfoque integral que incluya el fortalecimiento de sus territorios, programas de desarrollo sostenible adaptados a sus culturas y la protección de los derechos de los niños aborígenes, quienes son las principales víctimas de esta crisis.
La situación de estas familias nos obliga a evaluar el rol del Estado y la sociedad en la construcción de un país más justo. Mientras no se garantice a los pueblos originarios una vida digna en sus territorios, seguiremos viendo escenas de migración desesperada y exclusión en las ciudades.
La sociedad debe exigir que las autoridades no solo actúen ante la emergencia, sino que diseñen políticas de largo plazo que aseguren la dignidad y el bienestar de los pueblos originarios, quienes a pesar de ser los habitantes ancestrales, siguen siendo tratados como ciudadanos de segunda categoría.
Mientras los pueblos originarios sigan siendo considerados como un problema a resolver, en lugar de ciudadanos con derechos, la deuda con estas comunidades seguirá creciendo.