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Santi reconoció que las ONG “son instituciones de alto riesgo, porque también se suelen utilizar para manejo poco transparente de dinero”. Eso, que en sí mismo es un enorme problema, no es, sin embargo, el problema principal que nos plantean las ONG.
El presidente ni de refilón abordó el problema principal: El ingreso de las ONG a la gobernanza de nuestra República, vía “convenios y acuerdos” de esos que firman, por razones nunca explicadas, buena parte de los funcionarios públicos, usurpando los mecanismos democráticos de participación para implementar el plan del Foro Económico Mundial de reemplazar la democracia con el fascismo (gobierno corporativo).
Lamento mucho que Santi pase por alto el manifiesto “Gobernanza 4.0″ del Foro Económico Mundial, que es demasiado esclarecedor al respecto.
Anunció el presidente que “Hemos planteado modificaciones sustanciales al proyecto, hemos mirado la legislación internacional, comparada, la nuestra…” aunque dicho anuncio no especifica qué legislación internacional han usado como referencia, las fascistas de la Unión Europea, o la FARA de Estados Unidos y Canadá. Si la referencia de las modificaciones es la legislación fascista de la Unión Europea, ellas deberían ser rechazadas por la Cámara de Diputados, aunque le duela al presidente.
Y Santi agregó que “claramente el proyecto en la versión del Senado tiene errores muy grandes”, aunque no explicó cuáles serían esos problemas. ¿El monto de las multas? ¿O la obligación que el Senado impuso a las ONG de informar quién les paga y a quiénes reparten ellas la plata?
Si Santi cree que imponer a las ONG la obligación de informar qué embajada, qué gobierno extranjero o qué organización u empresa les da dinero y a quién ellas reparten ese dinero está mal, le recomiendo al presidente de la República que relea atentamente el Artículo 126 de nuestra Constitución: “Los partidos y los movimientos políticos, en su funcionamiento, no podrán: 1. recibir auxilio económico, directivas o instrucciones de organizaciones o Estados extranjeros… 3. constituirse con fines de sustituir por la fuerza el régimen de libertad y de democracia, o de poner en peligro la existencia de la República”.
El Artículo 126 se refiere, por supuesto, a las asociaciones de las que habla el anterior Artículo 125: “Todos los ciudadanos tienen el derecho a asociarse libremente en partidos y o en movimientos políticos para concurrir, por métodos democráticos…a la orientación de la política nacional”.
Por sus declaraciones, sabemos que Santi sabe perfectamente que las ONG concurren a la orientación de la política nacional: “Creo que las organizaciones de la sociedad civil son un sector demasiado importante. La sociedad civil encuentra en estas organizaciones la forma de involucrarse y de preocuparse en materia de políticas públicas”.
Ruego al presidente que socialice ampliamente sus objeciones.