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El jefe comunal se encuentra imputado por la fiscala de la localidad de Fernando de la Mora, Milena Basualdo, por el supuesto delito de lesión de confianza, estafa y producción de documentos públicos de contenido falso.
Desde el año pasado un grupo de vecinos y la Contraloría Ciudadana vienen denunciando supuestas irregularidades, como el doble pago por construcciones de empedrados, sobrefacturaciones y obras fantasmas.
El Ministerio Público habla de un daño patrimonial de tan solo G. 700 millones, sin embargo los pobladores y la Contraloría Ciudadana hablan de más de G. 3.000 millones, mientras que el concejal colorado Marcelo Martínez menciona más de 10.000 millones de guaraníes.
El titular comunal también tiene denuncias por supuesto abuso sexual en niños, cuando era director del Colegio Nacional Pablo Patricio Bogarín de la misma ciudad de Ñemby.
El sendero que le toca recorrer no es alentador, y pese a que dice que cuenta con los documentos respaldatorios, y que no existen obras fantasmas ni sobrefacturaciones, cada vez más se le cierra el camino.
El intendente debe aclarar ante la ciudadanía qué hizo con el dinero de los contribuyentes y algunos préstamos millonarios que realizó en estos tres años, especialmente para la reparación de calles y avenidas, porque la mayoría está en deplorable estado.
Olmedo tiene actualmente dos pesos enormes sobre el hombro: por un lado el pedido de renuncia de parte de la ciudadanía y por el otro el pedido de intervención. Ya la primera vez fue salvado por los diputados cartistas y aliados.
Además la fiscala que investiga el caso requirió al juzgado de Lambaré prohibir el ingreso a la municipalidad, en especial en los departamentos en donde se encuentran los documentos que guardan relación con los hechos investigados.
El intendente, ya acorralado, debe rendir cuentas a la ciudadanía y explicar cómo y cuándo usaron la plata del pueblo.