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Una jueza de Itakyry resolvió conceder una medida cautelar, con la que permitió que una universidad privada pudiese matricular a alumnos para una carrera de medicina no habilitada por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), la única institución habilitada por ley por el Estado paraguayo para permitir la apertura de carreras en universidades públicas y privadas del país.
Fue la jueza Eresmilda Román Paiva, magistrada del juzgado de primera instancia en lo civil de Itakyry, quien como medida “de urgencia” habilitó el funcionamiento de la carrera de medicina, en la filial de Ciudad del Este de la Universidad Autónoma San Sebastián.
En el Consejo ya habían argumentado que la habilitación de la carrera de medicina no fue aprobada, ya que un estudio académico, jurídico y de las capacidades de infraestructura, arrojó que no reunía las condiciones para plantear esta oferta académica.
De hecho, el propio titular del CONES recordó que por decisión del órgano rector, establecieron la suspensión temporal de habilitación de nuevas carreras de medicina.
La universidad privada decidió ir a la justicia, y allí encontró a una magistrada que optó por no tener en cuenta algo que está claramente establecido en la ley.
La denuncia pública y la apelación, presentada por el CONES y la Procuraduría General de la República, derivaron en que los integrantes de un tribunal de apelaciones en lo civil y comercial del Alto Paraná decidiesen revocar la decisión de la jueza Román.
“Mediante la medida cautelar otorgada se sustituyó una atribución legal que ÚNICAMENTE está asignada al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), generando un perjuicio sumamente grave al orden público y al correcto funcionamiento de la instituciones que componen el estado paraguayo” argumentaba parte del escrito de apelación.
Ante la amenaza de que se presentaría una denuncia en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra la magistrada, ésta decidió presentar su renuncia al cargo.
Éste es uno de esos casos que sin embargo perfectamente pudo haberse sumado al de la impunidad de magistrados con fallos aberrantes, si los denunciantes no hubiesen sido el Procurador General de la República y el viceministro de Educación Superior, en su carácter de titular del Consejo Nacional de Educación Superior.
Fallos de magistrados que por ejemplo permiten la circulación de colectivos chatarras que claramente deberían estar en desarmaderos y no en las rutas del país.
O fallos que sacan a las calles nuevamente a delincuentes, a los que otorgan medidas alternativas a la prisión pese a contar con varios antecedentes y un perfil claramente delictivo y reincidente.
Por eso es saludable la vigilancia ciudadana sobre el Poder Judicial, sobre las decisiones que toman los magistrados, es, creemos, el poder menos vigilado, y es sin embargo allí, donde se incuba la impunidad, el mayor de nuestros problemas.