Conflictos de límites

El conflicto de límites territoriales entre Ciudad del Este y Presidente Franco representa un problema significativo tanto desde el punto de vista administrativo como económico. La disputa, que abarca una extensión de 500 hectáreas y una recaudación anual de aproximadamente G. 5.000 millones, subraya la necesidad urgente de resolver esta cuestión histórica que se remonta a la Ley 776 de 1979.

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La ley, que pretendía redefinir los límites de Presidente Franco, contiene un error de redacción que permitió a Ciudad del Este mantener el control sobre el área en disputa, generando tensiones y conflictos legales durante décadas.

La falta de delimitación territorial clara provoca múltiples problemas. En primer lugar, crea incertidumbre jurídica para los residentes y empresas en la zona disputada, quienes no tienen claridad sobre a qué jurisdicción pertenecen y, por ende, a quién deben pagar sus impuestos.

Esta situación puede conducir a una doble imposición o a la evasión fiscal, afectando negativamente los ingresos municipales y la capacidad de los gobiernos locales para prestar servicios públicos eficientes. Además, la ambigüedad territorial puede disuadir a inversionistas potenciales, quienes podrían percibir la falta de claridad legal como un riesgo para sus proyectos.

En el ámbito administrativo, la disputa entorpece la planificación urbana y el desarrollo de infraestructura. Los proyectos de urbanización, pavimentación, y servicios públicos (agua, alcantarillado, etc.) se ven afectados por la falta de una autoridad claramente definida, lo cual puede resultar en la omisión de necesidades esenciales para la comunidad.

Esto no solo afecta la calidad de vida de los residentes, sino que también limita el potencial de crecimiento y desarrollo económico de ambas ciudades.

La reciente iniciativa de los intendentes de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y de Presidente Franco, Roque Godoy Jara, de establecer una mesa de diálogo interinstitucional, marca un avance significativo hacia la resolución de este conflicto.

La conformación de una mesa interinstitucional no solo permite una discusión más amplia y técnica sobre los límites territoriales, sino que también facilita la elaboración de un proyecto de ley que corrija los errores de la Ley 776 y que pueda ser aprobado por el Congreso. Este enfoque colaborativo es crucial para garantizar que cualquier solución propuesta sea justa, legalmente sólida y aceptable para ambas partes.

fredy.flores@abc.com.py

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