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La reacción del ministro de Defensa ante esto fue el de recurrir al CODENA (Consejo de la Defensa Nacional) para sugerir las modificaciones correspondientes ya que “se respeta” a los legisladores. Estos han tomado una decisión inconstitucional. Ya que ambas instancias propuestas ni siquiera tienen el reconocimiento internacional para operar en aguas y cielos con la prerrogativa de la seguridad nacional ni mucho menos internacional .
Los legisladores tampoco parecen tener una idea acabada de cómo se llevarán adelante estos asuntos ya que ni las comisarías están equipadas como se debe y no hay voluntad política para ponerlas en forma. Ni tampoco hay voluntad política para tener unas Fuerzas Armadas en forma con los radares, aeronaves y otros equipamientos que garanticen la defensa nacional. Ante las amenazas emergentes se recurren a soluciones parche que superponen funciones policiales y castrenses y más allá de ofrecer solución agregan confusión al tema dejando a la ciudadanía a merced de los delincuentes.
Resulta paradójico que esta reforma haya sido planteada por el entonces parlamentario Enrique Riera durante el gobierno anterior, quien actualmente es ministro del Interior, instancia a la que esta reforma deja fuera de juego. Por el otro lado, esta normativa parece ser más bien una revancha de poder que buscan cobrarle a las FF.AA. cuando estas fueron incorporadas a la FTC para operar dentro de la seguridad interna.
Esto, en su momento fue calificado como inconstitucional, lo de ahora también orilla lo mismo, pero pareciera que le están cobrando a las FF.AA. a la que ahora recurren nuevamente cuando las fuerzas policiales se ven rebasadas. Este despropósito nos muestra una vez más que las revanchas de poder “allá arriba” tienen como consecuencia la desprotección de los de “acá abajo” y en el medio dejan crecer -de manera cómplice- al crimen organizado.