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Voceros cartistas proclaman que las contrataciones en Diputados “no violan la ley del nepotismo”. A ver. El artículo segundo de la Ley 5295/14 dice: “El Presidente y el Vicepresidente de la República, los Senadores y Diputados (…) quedan impedidos, dentro del ámbito de su competencia, a nombrar o contratar en cargos o empleos públicos, a cónyuges, concubinos y parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, salvo que tales nombramientos (…) se efectúen en cumplimiento a las normas legales que regulan el acceso a la función pública”.
Los diputados alegan que ellos no nombran a sus hijos, sino el presidente de la Cámara. Pero el presidente no nombrará a esos ignotos vástagos si no fueran hijos de (o esposas, concubinas, ex, suegras de) tales políticos.
Si la interpretación jurídica demuestra que ellos (papás, esposos) no firmaron los nombramientos, hay otro punto. Las personas nombradas no lo fueron por concurso, sino por pedido de diputados. Éstos no firmaron los nombramientos, pero influyeron para que ocurrieran. Y alegan lo del “cargo de confianza”.
Aquí aparece el artículo 201 de la Constitución Nacional, de la pérdida de investidura de legisladores. El punto 2 del mismo dice: un legislador perderá su investidura por “el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado”.
Por declaraciones de los hijos o los padres o los esposos, hay influencias fehacientemente comprobadas en los nombramientos. Éstos se hicieron por presión de los padres diputados sin que los nombrados salvaran concurso alguno.
El desconocido diputado Benjamín Cantero, de Canindeyú, admitió que llevó como “asesora” a su esposa, porque no podía llevar a otra mujer. Otro diputado, Germán Solinger, de Itapúa, logró también un puesto de “asesora” para su esposa en la Cámara. Cada una de ambas agraciadas se embolsa mensualmente 12.700.000 salidos de nuestros cada vez más escuálidos bolsillos. Lo ético, si necesitan a su cónyuge consigo, sería que ellos le pagaran de su faltriquera para no desangrar más al desfallecido Estado.
Ya no hablemos de la nutrida familia de Mino Adorno, con gran peso (en todo sentido) en la política: se devora una gorda recaudación que jamás ganaría si trabajara, como los mortales, en el sector privado. Y no olvidamos a Alliana y su grosera falta de ética.
En un gobierno la ética fluye desde arriba. No necesitamos más leyes, que nadie cumplirá, sino que aparezca un piloto firme, que conduzca la nave prescindiendo de inmorales. Si la situación nos recuerda a una película cómica, es por reír para no llorar. Dónde está el piloto.