Jueces fomentan la impunidad

Un fenómeno que de un tiempo a esta parte mantiene al país en jaque permanente es el aumento de la criminalidad. La inseguridad se extiende como una epidemia incontrolable, traducida en robos, asaltos, secuestros, violencia doméstica, siniestros viales, sicariato, que a menudo terminan en impunidad.

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En este panorama aterrador, muchos jueces de garantía tienen su gran cuota de responsabilidad, con su llamativa “generosidad” para otorgar medidas alternativas a la prisión, en algunos casos hasta a peligrosos delincuentes ligados al narcotráfico.

La reflexión viene a cuento de un sonado caso ocurrido en las Colonias Unidas, en julio pasado, en el cual dos jóvenes motociclistas fueron arrolladas por un automovilista que las abandonó a su suerte. Una de las ellas falleció y la otra resultó gravemente herida. La causa está caratulada “Samuel Wesley Englert Navrotzky S/ homicidio culposo y otros”. Tras casi dos meses de los hechos el sujeto fue imputado, y pese a que incurrió en omisión de auxilio (Art 117 CPP), ocultó el vehículo para burlar la persecución penal, apenas ni pisó la comisaría y fue premiado con prisión domiciliaria otorgada por la jueza de garantías María Melissa Carlson.

El 4 de abril último, una pareja que viajaba en motocicleta fue arrollada por un automovilista, en cercanías al puente de Quiteria. El hombre murió en el acto y la mujer se salvó, pero sufrió graves consecuencias, entre ellas la pérdida de su bebé de ocho meses de gestación.

El conductor, Ariel Aquino, de San Pedro del Paraná, abandonó a sus víctimas, ocultó el vehículo, y cuando finalmente fue pillado, imputado y detenido, la jueza de garantías Gilian Espínola le concedió prisión domiciliaria en menos que canta un gallo.

El 12 de agosto pasado, tres jóvenes ciclistas fueron arrollados por una camioneta en el puente de Quiteria. Uno de ellos murió y los otros resultaron gravemente heridos. El conductor, José Francisco Zavala Velázquez, quien dio positivo al alcotest, abandonó a sus víctimas y se ocultó en un coqueto barrio cerrado de San Juan del Paraná. Apenas pisó la comisaría. La jueza de garantías Claudia Scappini le otorgó prisión domiciliaria, pese a la oposición de la fiscalía.

Este tipo de mensajes que lanza a la sociedad un órgano que tiene entre sus funciones brindar garantías a un bien jurídicamente protegido como es la vida y la integridad de las personas, no hace sino alimentar la irresponsabilidad, la prepotencia y la impunidad.

Se puede atropellar, matar, abandonar a la víctima. Actuar dolosamente para burlar a la justicia, sin que ello tenga consecuencia alguna. Ni siquiera una pasada por alguna comisaría, para reflexionar sobre sus hechos. Y así nos va.

jaroa@abc.com.py

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