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El crimen organizado se apoderó hace ya tiempo del país y el mayor daño lo hace en la población joven. Adolescentes perdidos en el consumo de crack, vecinos temerosos de morir por un puñal o una bala ante la ansiedad de los chicos, de conseguir G. 5.000 para seguir “viaje”.
A la cabeza le apuntaron una pistola a Doña Concepción, de 80 años, en pleno centro de su ciudad. Eran las 3 de la tarde. Aterrorizada entregó su cartera. “Nada llevaba, apenas un G. 45.000″, cuenta. “Llevaron para su chespi. Yo sé porque al lado de mi casa se juntan; ahí se vende”, agrega. Tiene miedo no sólo de consumidores y narcos; también de la Policía, que ella cree que es cómplice. Agradece poder contar la historia. Historias similares terminan en asesinatos.
El mismo miedo se siente en los colegios, porque el consumo de estupefacientes afecta a niños y a adolescentes escolarizados. También golpea a otros tantos seres humanos, que con solo 10 años terminan viviendo en la calle, abandonados por todos. Cada día que pasa, es una vida más que se pierde en el consumo de drogas bien prohibidas, pero bien fáciles de conseguir.
Por eso la urgencia de esta Ley, 7.104. Pero su implementación tiene un escollo. El Gobierno se está por cambiar, así que el Ministerio de Salud, el de Educación y los demás involucrados, están esperando que asuma Santiago Peña, el 15 de agosto, para que las siguientes autoridades decidan “qué hacer” con esto.
De todos modos, en 2019 se declaró en emergencia la infraestructura física de las escuelas y, cuatro años después, el MEC no tiene presupuesto y las escuelas se siguen cayendo.
Es que en este país vanas son las declaraciones de emergencia. Penosamente estas leyes se usan más bien para hacer, sin mayor control, millonarias adjudicaciones en beneficio del grupo de poder político y económico de turno.
Ni a las actuales autoridades, ni a quienes asuman en los ministerios el 15 de agosto, parece importarles el rescate de los chicos afectados por el “chespi”, ni ayudar a las víctimas colaterales, como las miles de Doña Concepción que hay en el país. Finalmente, los “comunes” somos solo números en la “sensación” de inseguridad y en las estadísticas de salud pública y educación.