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La Ley de Financiamiento Político fue promulgada para transparentar los gastos de campaña y principalmente para impedir la incursión de dinero proveniente del narcotráfico, secuestro y otros crímenes. Desde las elecciones municipales de 2021, los presupuestos de campaña y rendiciones de cuentas de los candidatos están a disposición de la ciudadanía a través del portal del Observatorio Nacional de Financiamiento Político.
Tras las últimas elecciones generales del 30 de abril pasado, algunos expostulantes a cargos electivos presentaron llamativas rendiciones de gastos de campaña.
El gobernador electo César “Landy” Torres y los diputados electos Bettina Aguilera, Luis “Tikki” González Vaesken, Liz Acosta y Rocío Abed de Zacarías –todos de Alto Paraná y de la ANR– no comunicaron vehículo propio o ajeno para la logística. Se puede imaginar que hicieron campaña a pie, sin embargo, se desplazaban en vehículos a los actos proselitistas por todo el Alto Paraná.
También casualmente coinciden los montos declarados: 30 millones de guaraníes. A juzgar por este presupuesto, sus operadores activaron “ad honorem”, consiguieron altos descuentos en las cartelerías, sus vehículos no usaron combustible y en los mítines solo se consumió viento.
Los excandidatos del sector opositor tampoco se quedan atrás. Los exaspirantes a gobernador Óscar González Drakeford (PLRA) y Daniel Pereira Mujica declararon 40 millones y 60 millones de guaraníes, respectivamente. Además, los diputados electos Guillermo Rodríguez (YoCreo) y Roya Torres (PLRA) informaron gastos de 70 millones; Walter García de 20 millones y Miguel Martínez de 5 millones.
Los montos declarados no reflejan la realidad del despliegue de campaña y tampoco se declaró a financistas.
Algunos actores políticos eluden la Ley de Financiamiento Político a través de prácticas opacas o ilegales, como el uso de financiamiento no declarado. Ante esta situación, se requiere una supervisión y control rigurosos por parte de organismos especializados. Estos organismos deben contar con los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones exhaustivas, auditar las declaraciones financieras y asegurarse de que no existan prácticas ilegales o fraudulentas.