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Con justa razón, la ciudadanía está alarmada ante un proyecto del cual se conoce poco, y lo poco que se conoce configura una amenaza de sujetar a los habitantes de la ciudad a los arbitrios de una empresa privada que resultare adjudicada con el negocio por nada menos que 25 años.
En el capítulo tres, artículo 12, de la Ley Orgánica Municipal se establecen las “funciones municipales”, entre las cuales se dispone, inciso “E”, “la regulación y prestación de servicios de aseo, de recolección, disposición y tratamiento de residuos del municipio”.
La comuna encarnacena cobra una buena suma de dinero a los contribuyentes en concepto de tasas por barrido y recolección de residuos. Según datos oficiosos, pero fidedignos, el año 2022 la Municipalidad recaudó cerca de G. 8.000 millones en este concepto. Según la misma fuente, existe alrededor de un 60 por ciento de morosidad.
Este monto, sin embargo, puede aumentar significativamente aplicando los mecanismos administrativos y legales previstos en la ley orgánica municipal. De hecho, en el proyecto que se pretende imponer están previstas medidas rigurosas, como el no otorgamiento de la patente comercial y profesional, o la aplicación de un interés mensual de 2,5% por mora.
Si estas herramientas coercitivas serán puestas a disposición de una empresa privada, ¿no las podría aplicar el mismo municipio?
Otro detalle no menor es que la administración municipal dispone de un sistema de recolección de basuras, con cuadrillas de operarios, maquinaria, camiones, que quedarían ociosos. Se tendría que desvincular e indemnizar a todos los trabajadores, con la consiguiente sangría de recursos municipales, y pérdida definitiva de fuente laboral para estos trabajadores.
La Junta Municipal debe rechazar este proyecto que pende como una espada de Damocles sobre la ciudadanía encarnacena. Lo que corresponde aquí es eficientizar todo el sistema, desde el cobro de las tasas, hasta la optimización del servicio de recolección.