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Son tres situaciones ocurridas en la semana del inicio de clases 2023, que hablan de la urgencia de avanzar en derechos humanos fundamentales, como el acceso a una formación académica gratuita e inclusiva y hacia una Educación Sexual Integral (EIS). En este contexto, si bien Paraguay es un Estado laico, los autodenominados “profamilia” y “provida”, vinculados a la Iglesia Católica y a evangélicos, quieren mantener el actual sistema educativo excluyente.
Estos grupos, que desde hace años se oponen a la implementación de la Educación Sexual Integral, exigen que se derogue el acuerdo que permite la donación de la Unión Europea de 38 millones de euros necesarios principalmente para potenciar relevantes programas educativos. Consideran peligrosos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una agenda mundialmente aprobada, que plantea estrategias para eliminar la pobreza y en pos de una educación inclusiva, entre otros planes tendientes a mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes del planeta, incluidos los niños y niñas del Paraguay.
Los “provida” y “profamilia”, que no protestan porque la niña de Caraguatay debió dejar de estudiar por falta de dinero; y tampoco por la exclusión de los niños con TEA; se oponen a la “imposición” extranjera de los ODS, pero aceptan la imposición de la Iglesia Católica y de las iglesias evangélicas en políticas tan relevantes como la educación pública, la inclusión y los protocolos de prevención de casos de acoso y abuso sexual en niños.
En Paraguay, desde la caída de la dictadura, la Constitución Nacional separa el Estado de la Iglesia. Algo que en la realidad nunca pasó, pero que no debería impedir que se avance en materia de derechos humanos.
No puede ser que insistan en cortar fondos necesarios para mejorar la calidad educativa. No puede ser la exclusión de niños y niñas según su condición económica, física o intelectual. No puede ser que no se imparta la educación sexual integral que podría prevenir el embarazo adolescente y los acosos y abusos sexuales que ocurren a diario.
No puede ser que sedientos de poder, por ganarse el voto de los “profamilia”, legisladores mantengan en vilo el destino de niños y niñas que ya no son futuro, sino el presente, con derecho a recibir educación de calidad, a opinar, a pensar, a expresarse, a crecer en igualdad de oportunidades y con pleno desarrollo de su personalidad. ¡Miserables! ¿De verdad lo vamos a permitir?