No nos culpen por desconfiar

“Trasfondo político”; “campaña malintencionada”; “desinformación”. Últimamente la clase política nos tiene muy acostumbrados a argumentar con estos conceptos a la hora de responder a los cuestionamientos hacia ellos o sus acciones.

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Está ocurriendo esta vez con el proyecto de estacionamiento tarifado, un plan con demasiadas sospechas, no por la intención en sí, sino por su origen, marcado por irregularidades.

Ocho años atrás, cuando Arnaldo Samaniego buscaba ser reelecto intendente de Asunción, meses antes dejó la silla municipal para competir en las elecciones frente a Mario Ferreiro, quedando como administrador interino el entonces concejal Omar Pico, quien en una veloz acción, firmó la adjudicación al Consorcio Parxin.

Pese a la sospechosa jugada y a las quejas de otras firmas que compitieron en el proceso, la nueva administración optó por continuar con el proyecto, hasta que la Contraloría General de la República finalmente recomendó revocar el contrato por un incumplimiento de Parxin en la presentación de documentos.

Nadie niega que ordenar nuestra caótica capital es una necesidad más que urgente; lo que no se puede permitir es que sea a cualquier precio, en perjuicio de una ciudadanía a la que una vez más no se escucha y en beneficio de un consorcio cuyas acciones distan demasiado de la transparencia.

Poco más de dos años atrás, el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, parecía compartir la misma visión y frente al fallo desfavorable para la municipalidad, respondía que el contrato era inaplicable y que pelearía “hasta las últimas consecuencias”.

Ahora estamos a pocos meses de la implementación oficial del sistema, que otorgará por 15 años la explotación del estacionamiento tarifado a una empresa que hasta hace semanas no contaba siquiera con una sede y que hoy nos enteramos, estaría negociando de forma totalmente irregular una posible venta a una firma sin la experiencia requerida. Todo frente a las narices de las autoridades comunales.

Así que no, no hay trasfondo político ni intenciones de desinformar cuando nos ponemos a cuestionar el proyecto; lo que hay es un genuino interés de transparentar cada uno de los procesos que tienen que ver con la administración del dinero público.

La ciudad capital necesita una intervención radical. Y sí, se necesitan recursos, pero también se necesita honestidad para administrarlos y de eso no tenemos garantía porque hasta ahora todo lo que vamos viendo tiene tufo a sospecha. Así que no nos culpen por desconfiar y mejor apúrense por corregir sus acciones.

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