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Actualmente, Paraguay lleva en su haber 20 asesinatos de periodistas desde la apertura democrática (1989), así como la mayor represión por parte de la fuerza pública el 31 de marzo de 2017 en la que 23 periodistas resultaron heridos mientras cubrían las consecuencias de la llamada “Enmienda de sangre”, durante el gobierno de Horacio Cartes.
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Entonces hubo un intento de cambiar la Constitución para permitir la reelección lo que generó protestas por parte de la ciudadanía y como consecuencia también hubo la quema del Congreso, el asesinato de Rodrigo Quintana en la sede del Partido Liberal y las gravísimas heridas al legislador liberal Edgar Acosta.
En el último tramo de la era de Marito, el mes de septiembre se ha constituido en el mes más nefasto para la prensa paraguaya. Una seguidilla de juicios y artimañas jurídicas han llevado al banquillo de los acusados a un periodista y a la directora de un medio de comunicación para los que se pide cárcel y el pago de una millonaria suma de alrededor de USD 1.400.000.
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Cuando todavía estamos asimilando los embates provenientes del garroteo judicial, nos damos de narices frente a otra noticia que nos llega desde Pedro Juan Caballero (Departamento de Amambay) donde a principios de mes fue asesinado el colega Humberto Coronel de ocho balazos. La prensa no es una instancia omnipotente ni mucho menos.
Pero si, lo repetiremos hasta el cansancio, ejerce el rol de contrapoder, fundamental en un estado democrático. Si alguien, molesto por una publicación utiliza los estamentos judiciales para ejercer presión y venganza y de última las balas para acallar el trabajo de la prensa, lo que podemos inferir la debilidad del Estado y la incapacidad de garantizar los plenos derechos de todos los ciudadanos.
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De ahí que las declaraciones de Ostfield, así como de otras instancias especializadas en la libertad de expresión a nivel internacional, son llamadas de atención sobre el peligro inminente que se avecina sobre uno de los pilares fundamentales de la democracia: la prensa libre.