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Empresas de telefonía anunciaron mediante comunicado que recibieron una notificación de la Municipalidad por la cual se les emplazaba por 60 días para sacar todas las torres de comunicación que estaban instaladas en la ciudad. Las compañías privadas denunciaron que la administración comunal les exige pagar sumas millonarias en concepto de impuestos inexistentes o que no corresponden a una comuna.
Por otra parte, desde la administración comunal informaron que las telefonías violaron la ordenanza 94/2015 que prohibía hasta inicios de este año la instalación de antenas en la ciudad al colocar en forma clandestina unas 12 torres que actualmente están operando en el casco urbano. Añade que la multa es de 100 jornales mínimos por antena y que las telefonías no quieren pagar.
Las empresas expresaron sospechas de que el intendente José Ríos (PLRA) busca recibir sobornos millonarios, pero el jefe comunal aseguró a través de la prensa que las telefonías buscan chantajear alegando que el servicio indispensable para evitar pagar las multas impuestas.
La versión de todas las antenas instaladas en la ciudad deben ser retiradas y que de esa forma el municipio quedará incomunicado, o al menos sin servicio de internet, generó reacciones en contra y favor de la situación.
Lo cierto y concreto es que la confusa situación lamentablemente derivó un enfrentamiento campal entre ciudadanos del barrio Santa Isabel, guardias de seguridad y trabajadores que estaban instalando una antena en el lugar. Una lugareña resultó con lesiones, pero por fortuna el hecho no pasó a mayores.
La lamentable la lucha por intereses de autoridades y entidades privadas por poco termina en tragedia de la “gente común”.
Es importante que las autoridades de turno y las empresas privadas cumplan con sus funciones, según lo exigido por las leyes y que la ciudadanía se preocupe en informarse sobre lo que pasa en su entorno para exigir el cumplimiento de sus derechos para el bienestar de los habitantes.