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En su carta pastoral de fecha 12 de junio de 1979, la CEP hizo una llamada de atención por el deterioro moral de la nación a causa de la corrupción y la destrucción de la persona misma, portadora de los valores morales.
En la actualidad en esta larga transición hacia la democracia, los tres ídolos siguen vigentes y con mayor ímpetu favorecidos por la impunidad y la permisividad. Es lamentable, pero cuando se permiten actividades ilícitas, donde están metidos los popes de la clase política, golpea a la ciudadanía que quiere vivir en un país mejor donde haya equidad y paz social.
El poder político no es para el enriquecimiento ilícito ni para beneficios personales ni de grupos. El poder es para prestar servicios a la población, sin distinción de ideologías ni credos religiosos. Es para promover el crecimiento y desarrollo de las comunidades.
Cada autoridad sea presidente de la República, ministros, intendente, gobernador, diputado y senador, etc. tienen la obligación de prestar servicios y de buscar el bien común.
Este principio es universal y las autoridades, sean del estamento o cargo que ocupan, deben entender y poner en práctica. Pero si carecen de valores como la libertad, justicia y equidad, verdad, honestidad y responsabilidad, será difícil cumplir con el país.
Si los políticos buscan dinero a través del poder, se distorsiona el objetivo de la política. El escenario que se presenta en el país es el de la politiquería criolla de muy baja ralea y lo peor, algunos políticos están sospechados de formar asociaciones criminales para delinquir.
En todas las edades de la historia de la humanidad se ha demostrado que el poder corrompe. Y las autoridades se enlodan por ambiciones desmedidas en perjuicio de la población.
La ciudadanía le otorga poder a sus autoridades para representar y cumplir el mandato del pueblo, no para buscar beneficios personales ni grupales y menos aún para robar ni formar asociaciones criminales.