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Son un poco más de 730 kilómetros cuadrados de bosques y pastizales naturales, último remanente del denominado Bosque Atlántico Alto Paraná (Baapa), que se extendía desde las costas del océano Atlántico y abarcaba buena parte del sur de lo que hoy es Brasil, el noreste de Argentina y gran parte de la Región Oriental de Paraguay.
Nuestros vecinos brasileños ya se encargaron de hacer cenizas de lo que era parte de esa riqueza planetaria para cubrir con un mar de soja y asentamientos urbanos la vasta zona que abarcaban estos bosques en su territorio. En la provincia argentina de Misiones, gran parte de los bosques nativos fueron sustituidos por cultivos de pino para su uso industrial, y en el departamento de Itapúa afortunadamente queda parte de este bosque, ya muy raleado, por cierto.
En la parte de San Rafael, que toca al vecino departamento de Caazapá, la situación es más crítica. La producción masiva de carbón vegetal ya arrasó con los bosques que quedaban, y ahora se encaminan a hacer lo mismo en territorio itapuense.
Detallar la importancia de la preservación de la reserva del San Rafael sería repetir el contenido de los discursos que se vienen manejando desde hace al menos dos décadas, mientras continúa imparable la destrucción de tal vez la última reserva de biodiversidad que nos queda en el departamento.
San Rafael es hogar endémico de la mayor variedad de aves del Paraguay, por ejemplo. Es refugio de aves migratorias que cruzan el continente de punta a punta. Es sitio de recarga del Acuífero Guaraní, la mayor reserva de agua dulce subterránea, y es hogar de comunidades indígenas que ya vivían por estos lares antes del “descubrimiento” de los europeos.
Hay razones más que valederas para preservar este bien universal, ultrajado por cultivadores de soja, de marihuana, por explotadores de su madera, por invasiones humanas de campesinos desplazados.
El gobierno paraguayo tiene la obligación de preservar este patrimonio natural. Debe adquirir de las manos privadas estas tierras y convertirlas en un parque nacional. Puede hacerlo, canalizando recursos de una empresa que también tiene una gran deuda ambiental con el departamento de Itapúa: la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), en la que el Estado paraguayo es socio. Solo falta el coraje y la voluntad política para hacerlo.