En los últimos días hemos vivido una situación preocupante para el sector empresarial. Las autoridades encargadas de velar por la correcta comercialización de productos de consumo masivo generaron un desequilibrio en la aplicación de las normativas. Esta clase de hechos afecta no solamente a los empresarios directamente involucrados, sino también al clima general de inversión y confianza en nuestro país.
Las normas existen para que todos los actores puedan desenvolverse dentro de parámetros claros y conocidos. Su función principal es brindar previsibilidad y seguridad, garantizando que cada jugador entienda cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. De esta manera, cada empresa, cada proveedor y cada trabajador puede cumplir su rol dentro de un sistema que se sostiene precisamente porque las reglas son iguales para todos.
Cuando una institución o autoridad se extralimita en sus funciones, los efectos se multiplican. El primero es la pérdida de confianza. Los empresarios que invierten en Paraguay necesitan la certeza de que sus negocios estarán regulados de manera equitativa, sin distorsiones ni favoritismos. La ley no puede tener matices ni depender de quiénes sean los involucrados. El mensaje debe ser claro: quien cumple con la normativa no debería enfrentar sanciones arbitrarias ni restricciones desproporcionadas. Si ese principio se quiebra, el capital busca otros destinos donde sí exista previsibilidad y estabilidad.
El segundo efecto es el impacto directo en el comercio formal. No se trata únicamente de los grandes inversionistas, sino de toda la cadena de valor que los rodea: proveedores, distribuidores, empleados, transportistas, comercios minoristas. Una medida arbitraria que afecte a una empresa formal implica, en cascada, menores ventas para sus proveedores, menos recaudación de impuestos y, lo más grave, una reducción en el empleo formal.
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Cada trabajador que pierde su puesto en el mercado formal queda expuesto a caer en la informalidad, un terreno donde no existen cobertura de salud, salarios mínimos ni garantías básicas.
Este punto es particularmente delicado en Paraguay, donde apenas alrededor del 40% de la economía se encuentra dentro del mercado formal. Eso significa que ya de por sí, seis de cada diez trabajadores están en la informalidad, sin acceso a los derechos y protecciones que deberían estar garantizados. Permitir que esa proporción crezca, en vez de reducirse, es retroceder en el camino hacia el desarrollo que todos aspiramos construir.
Por estas razones, debemos ser muy conscientes de la importancia de contar con instituciones sólidas, independientes y respetuosas de las normas. La fortaleza de un país no se mide solo en su nivel de crecimiento económico o en los indicadores macroeconómicos, sino también en la seguridad jurídica que ofrece a quienes apuestan por invertir y generar empleo. La previsibilidad, más que un lujo, es una necesidad fundamental.
De nada sirve alcanzar el grado de inversión si no logramos consolidar un marco de reglas claras y parejas para todos. El esfuerzo del sector privado –que asume riesgos, invierte y genera empleos– necesita estar protegido por un sector público que cumpla su papel con seriedad y equilibrio, evitando decisiones coyunturales o influenciadas por actores de turno.
Paraguay tiene la oportunidad de consolidarse como un país atractivo para la inversión, competitivo en la región y generador de empleo formal. Pero ese futuro solo será posible si logramos que nuestras instituciones se rijan estrictamente por las normas, sin arbitrariedades, sin subjetividades y sin privilegios. La economía necesita reglas claras. Y, sobre todo, necesita que esas reglas sean iguales para todos.
*Directora financiera de Aconcagua - Kantar Ibope Media.