En diálogo con ABC Negocios, el economista José Aníbal Insfrán Pelozo, Ph.D., sostiene que el camino hacia el manejo de la deuda inició con el proceso de ordenamiento fiscal en 2003 y se perfeccionó en el 2013, con la implementación de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Esta normativa fijó un límite del déficit fiscal anual en un máximo de 1,5% del producto interno bruto (PIB), que se cumplió hasta 2018.
Sin embargo, eventos adversos como la sequía de 2019 elevaron el déficit hasta 2,8% del PIB. Posteriormente, la pandemia de covid obligó a flexibilizar aún más la meta, alcanzando un déficit del 6,1%. A pesar de ser una cifra elevada, también se mantuvo por debajo del promedio regional que superó el 8%.
Insfrán recuerda que actualmente la hoja de ruta oficial proyecta un retorno gradual hacia la meta original, buscando cerrar en 2026 nuevamente con un déficit fiscal del 1,5% del PIB, para preservar la estabilidad macroeconómica.
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Deuda pública pasó del 10,8% al 41% del PIB
En el 2012 la deuda pública fue del 10,8% del PIB, por debajo en comparación con otros países de la región. Hoy, la deuda aumentó hasta al 41% del PIB; sin embargo, sigue siendo inferior al promedio latinoamericano registrado del 51,2% por la Cepal.
Insfrán advierte que es momento de analizar cuál es el nivel óptimo de deuda que el país puede asumir sin comprometer su calificación crediticia ni el crecimiento económico.
El economista sugiere establecer un límite explícito para que la deuda no supere el 45-50% del PIB en los próximos cinco años. Esta medida preventiva permitiría mantener la confianza de los mercados y evitar que el país pierda su grado de inversión, recientemente alcanzado gracias a una gestión fiscal relativamente ordenada.
Insfrán también destacó la necesidad de modernizar las reglas fiscales. Actualmente, el déficit máximo del 1,5% se aplica de forma rígida, sin diferenciar entre períodos de crecimiento y recesión.
El especialista propone vincular la meta al ciclo económico: en épocas de fuerte crecimiento, reducir el déficit por debajo del 1,5%, y permitir cierta flexibilidad en períodos de desaceleración, manteniendo el promedio durante el ciclo económico. Este modelo, implementado en países como Chile y Uruguay, evitaría efectos procíclicos y daría mayor estabilidad a las finanzas públicas.
Otro pilar es profundizar la transparencia fiscal mediante portales de datos abiertos, informes en tiempo real y un seguimiento más detallado de las compras y contrataciones del Estado, como la plataforma de presupuesto abierto de Chile, que permite conocer en línea las transacciones entre instituciones públicas y proveedores.
Diversificar el financiamiento
Parte significativa del endeudamiento paraguayo está nominada en moneda extranjera, lo que implica un riesgo cambiario. El experto propone fortalecer el mercado de deuda en guaraníes, aprovechando la liquidez interna y el hecho de que la mayor parte de la recaudación fiscal se realiza en moneda local. Esto reduciría la exposición ante las variaciones del dólar.
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Las alternativas como las asociaciones público-privadas (APP) para financiar proyectos de infraestructura, sin depender exclusivamente del endeudamiento, es otra herramienta para evitar tomar más deuda; así como las emisiones de bonos en moneda local en mercados internacionales.
Insfrán sostiene que todo endeudamiento debe destinarse principalmente a proyectos de inversión, tales como infraestructura, modernización del transporte público, dragado de ríos, internet de calidad o redes de telecomunicaciones. Esto genera crecimiento sostenido y evita que la deuda se utilice para financiar gastos corrientes.
Ranking de la deuda en América Latina
A diciembre de 2024, el promedio de la deuda pública de los países de América Latina alcanzó el 51,2% del PIB, cifra que refleja una disminución de 3,9% del PIB respecto al 2023. La cifra de 2024 aún se mantuvo en un nivel elevado por encima del 50% del PIB, muy similar a las registradas hace dos décadas.
Sin embargo, hay diferencias importantes entre los países. Los niveles de deuda pública cayeron en ocho países de la región, mientras que aumentaron en nueve. El reciente informe de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) revela esas diferencias, reflejo de distintas realidades económicas y estrategias fiscales.
Argentina lidera el ranking con un saldo de deuda pública bruta del 83,2% del PIB. Este nivel responde a una historia reciente marcada por crisis, reestructuraciones y dificultades de acceso a mercados financieros internacionales.
Brasil ocupa el segundo lugar, con una deuda que equivale al 61,7% del PIB, seguido por Ecuador con un 59,8%. En ambos casos, el endeudamiento está vinculado a la necesidad de cubrir déficits fiscales estructurales y atender compromisos sociales.
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Costa Rica y Uruguay presentan cifras superiores al promedio, con deudas del 59,8% y 53% del PIB, respectivamente. México mantiene una deuda del 45,5% del PIB, demostrando disciplina fiscal pese a retos estructurales. Chile, conocido por su prudencia fiscal, registra un nivel de 36,9%, mientras que Nicaragua se encuentra en un rango similar, aunque con menor capacidad de financiamiento externo.
Tres casos destacados por su bajo nivel de deuda en 2024 son Paraguay, Perú y Guatemala, con el 36,5%, 26,9% y 26,4% del PIB, respectivamente. Guatemala presentó el año pasado el menor nivel de deuda pública bruta en la región, reflejando un enfoque históricamente conservador en materia fiscal.