La posible operación entre Banco Sabadell y BBVA se enfrenta a un escrutinio. Las declaraciones del Consejo de Ministros y altos funcionarios españoles, luego de la aprobación de la autoridad de competencia, sugieren una postura de cautela para la materialización de esta fusión.
El gobierno español autorizó la operación con la condición de que ambas instituciones tengan por al menos 3 años las operaciones separadas en el marco de la Ley de Competencia y con posibilidad de extender a 2 años más. La decisión sobre la fusión legal puede venir posteriormente, de acuerdo al ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
El 30 de abril de este año la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizó la unión de ambas instituciones, Prudential Regulation Authority (PRA) del Reino Unido hizo lo propio y se difundió la no oposición del Banco Central Europeo.
La CNMC estableció varias condiciones para avanzar en el proceso, entre ellas las más relevantes, no cerrar oficinas cuando no haya otra a menos de 300 metros ni donde queden menos de tres competidores ni en municipios de menos de 5.000 habitantes.
Si bien el gobierno no tiene la potestad de vetar la operación, su postura podría llevar a los reguladores a imponer condiciones más estrictas para la aprobación o influir en el clima general de la negociación.
Las principales preocupaciones se centran en aspectos como una concentración excesiva en el mercado español reduciendo el número de actores bancarios, menor competencia, menor oferta para los consumidores, potencial impacto en el empleo, acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas y pérdida de la independencia de Sabadell, con su sede en Alicante y su arraigo en Cataluña.