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En un entorno global cada vez más comprometido con la sostenibilidad, los créditos de carbono han emergido como una herramienta clave para mitigar el cambio climático y fomentar economías responsables con el medioambiente. Estos instrumentos permiten a empresas y países compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a través de la inversión en proyectos que reducen o capturan carbono, como iniciativas de reforestación, energías renovables o mejoras en la eficiencia energética. A medida que los mercados de carbono evolucionan, pasaron a convertirse en una pieza fundamental para los países que buscan aprovechar su biodiversidad y bosques como activos estratégicos.
Paraguay, con su vasta extensión de bosques y su potencial como sumidero de carbono, está dando un paso decisivo en este mercado con la reciente reglamentación de la Ley N° 7190/23 “De los Créditos de Carbono”. Esta nueva normativa busca estructurar y dar transparencia a un sector que, hasta el momento, funcionaba de manera voluntaria y sin un marco regulatorio definido. El ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Rolando de Barros, afirmó que “esta reglamentación le dará integridad a los créditos de carbono para que Paraguay pueda ofrecerlos en los mercados voluntarios y regulados con garantía y confiabilidad”.
Instrumento con gran potencial económico
La importancia de esta regulación radica en su capacidad para atraer inversiones y estructurar un mercado que hasta ahora se manejaba de forma poco sistemática. Con un marco claro y normativas que ofrecen respaldo a los actores involucrados, Paraguay podría convertirse en un destino estratégico para inversionistas internacionales interesados en desarrollar proyectos sostenibles.
En los últimos años, a nivel global se ha visto una evolución importante en los ingresos mundiales derivados de la fijación del precio al carbono, aumentando exponencialmente; solo en 2021 se incrementó en casi un 60%, según datos del Banco Mundial (BM). En 2022, los ingresos provenientes de los impuestos al carbono y de los sistemas de comercio de emisiones (SCE) alcanzaron una cifra de US$ 95.000 millones, mientras que al cierre del 2023 este margen llegó a los US$ 104.000 millones.
Implicancia de la legislación para las empresas
A nivel local, si bien el formato puede llegar a generar un mercado de exportación que mueva entre US$ 300 y US$ 500 millones en el corto plazo, de acuerdo con cálculos gubernamentales, tiene mayor potencial a largo plazo desde el punto de vista inversionista. Para esto, el marco regulatorio aprobado establece criterios para la certificación de proyectos de reducción de carbono, la emisión de créditos y su comercialización en mercados nacionales e internacionales.
Así, empresas de sectores como la agroindustria, la energía y la reforestación podrán beneficiarse al desarrollar proyectos que les permitan reducir su huella de carbono y generar créditos para su venta en el mercado regulado o voluntario. Además, la legislación incluye mecanismos de monitoreo, reporte y verificación que aseguran la transparencia en la emisión de estos créditos. Esto es fundamental para evitar el llamado “greenwashing” (prácticas de sostenibilidad poco legítimas) y garantizar que los proyectos realmente cumplan con sus objetivos ambientales.
El carbono abre nuevas posibilidades
En este contexto de expansión y regulación del mercado de créditos de carbono en el país, surgen iniciativas clave que buscan aprovechar este potencial de manera estratégica. Uno de estos proyectos es Chaco Vivo, liderado por Kiantar Betancourt a través de Atenil S.A., que se presenta como un modelo innovador de preservación y valorización de los recursos naturales del país.
A través de su enfoque en la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal, Chaco Vivo busca posicionarse dentro de este mercado emergente, captando inversiones y generando un impacto ambiental positivo. Para entender mejor el alcance de esta iniciativa y las oportunidades que la nueva legislación abre para proyectos como este, Betancourt detalló cómo se está estructurando el sector y qué perspectivas se vislumbran a futuro.
- ¿Cómo está trabajando el proyecto Chaco Vivo y qué representa la nueva legislación para el sector?
Chaco Vivo es un esfuerzo por valorizar nuestros recursos naturales de manera sostenible. Históricamente, el valor de la tierra se ha medido por su capacidad productiva en sectores como la soja o la ganadería, pero el mercado de carbono nos permite abrir nuevas oportunidades. Con la reglamentación, podemos desarrollar proyectos REDD+ (Reducción de las Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques) como el que estamos implementando, además de explorar opciones en cambios de uso del suelo. Es positivo que el Gobierno esté estableciendo una estructura clara para abordar esto a nivel nacional y generar confianza en el mercado internacional.
- ¿Qué potencial de inversión genera este nuevo marco normativo?
El mercado de créditos de carbono abre oportunidades en diversos sectores. Además de los proyectos REDD+, existen alternativas como los proyectos ARR (Restauración y Reforestación para Bioeconomías Sostenibles), la transición a energías limpias, la electrificación del transporte público y la captura de metano en la gestión de residuos. En cuanto a inversión, solo en la región del Chaco hay aproximadamente dos millones de hectáreas con permisos para el cambio de uso de suelo, lo que podría traducirse en al menos US$ 200 millones en inversiones. Actualmente, en el mercado voluntario, los precios de los créditos oscilan entre US$ 5 y US$ 7 por tonelada de carbono, pero con el mercado regulado podríamos ver un incremento a US$ 15, US$ 20 o más (US$ 40 a US$ 70, según datos del Ministerio de Industria y Comercio), dependiendo del aval gubernamental y la calidad del proyecto.
- ¿Qué impacto tendrá un mercado regulado en la industria?
La regulación permitirá que más sectores comprendan la relevancia de los créditos de carbono y ofrecerá un respaldo institucional que garantizará el cumplimiento de los compromisos ambientales. Esto es clave para que las empresas puedan operar con seguridad jurídica y para que los inversionistas confíen en el mercado.
Paraguay en la mira de la inversión extranjera
Uno de los aspectos más prometedores del nuevo marco regulatorio es su potencial para atraer inversión extranjera directa. En este sentido, Betancourt destacó que “Taiwán, uno de nuestros aliados estratégicos, está interesado en priorizar la compra de créditos de carbono de Paraguay. Recientemente estuve en Taiwán y nos explicaron que las empresas que emiten más de 25.000 toneladas de carbono por año deben pagar un impuesto, cuyos fondos son destinados a proyectos medioambientales. Paraguay representa una oportunidad única para ellos, ya que tienen limitaciones de territorio, mientras que aquí disponemos de extensas tierras para desarrollar este tipo de iniciativas”.
Por último, mencionó el creciente interés de países europeos como Alemania, Suiza, o Australia desde Oceanía, que están explorando opciones de inversión en proyectos ambientales, y Paraguay se encuentra en la mira como uno de sus destinos.
El futuro del mercado de carbono
Con la nueva regulación en marcha, Paraguay tiene la oportunidad de posicionarse como un proveedor clave de créditos de carbono en los mercados globales. No solo contribuirá a la reducción de emisiones a nivel internacional, sino que también abrirá nuevas vías de negocio para el sector privado y el Estado.
A medida que el país avanza en la implementación de la normativa, el desafío será garantizar la transparencia, la medición adecuada de los créditos y la certificación de proyectos para generar confianza en los inversionistas y compradores de estos bonos ambientales. La reglamentación es apenas el primer paso en la construcción de un mercado sólido y confiable, pero las oportunidades que se avecinan podrían transformar a Paraguay en un referente del desarrollo sustentable en la región, según mencionan los involucrados.
Los actores del sector coinciden en que, para que la implementación de esta normativa sea exitosa, será crucial un trabajo conjunto entre el Gobierno, las empresas y las organizaciones ambientales. Asimismo, será necesario continuar con la capacitación de técnicos y especialistas que puedan evaluar la calidad de los créditos de carbono generados en Paraguay, asegurando que cumplan con los estándares internacionales.
Con estos avances, el país se proyecta no solo como un oferente competitivo de estos créditos, sino también como un líder regional en políticas de mitigación del cambio climático. Esto representa una oportunidad no solo en términos económicos, sino también para consolidar la imagen del país como un actor comprometido con la sostenibilidad y el desarrollo ambientalmente responsable.
