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El fiscal de Caazapá, Érico Ávalos, levantó la prohibición sobre el proyecto de la urbanización denominada “Paraíso Verde”, ubicada en Riachuelo, de la compañía Tajy de este distrito, destinado para el asentamiento de inmigrantes alemanes. La prohibición fue levantada tras la presentación de la licencia ambiental por parte de la empresa Rel Juv SA, encargada del proyecto.
El fiscal, en abril pasado, había allanado la propiedad donde se venía desarrollando el proyecto a raíz de una denuncia presentada por la Comuna de Caazapá, administrada por el colorado Victoriano López, en representación de los vecinos del lugar.
Los lugareños alegaron que el asentamiento era inviable a raíz de que afectaría a la Isla Susu, ubicada a unos 12 km del lugar. El levantamiento del embargo y de la orden de suspensión de los trabajos fue durante un nuevo allanamiento realizado el jueves pasado por el fiscal Ávalos a pedido del abogado Óscar Ariel Riveros, quien representa a la empresa Rel Juv SA, cuyo presidente es Juan Buker.
Durante el procedimiento fue presentada la licencia ambiental concedida por la Secretaría del Ambiente (Seam) que autoriza la ejecución del proyecto. Igualmente, se presentaron algunos pobladores para afirmar que no cuestionan la ejecución del proyecto. Aseguraron que beneficiará enormemente a la zona, desmintiendo al intendente Victoriano López.
Según los datos, se construirán 300 viviendas para alemanes que quieren vivir en una zona paradisíaca y la empresa no pretende destruir la Isla Susu. Juan Buker, presidente de la empresa Rel Juv SA, comentó que la propiedad cuenta con 1.600 hectáreas, de los cuales 400 quedan dentro del área protegida de la Isla Susu, que no serán tocadas. "Para nosotros, la naturaleza es sagrada y la idea inclusive es proteger aún más", dijo.
El conflicto con la Comuna de Caazapá es a raíz de un problema administrativo, pues los permisos e impuestos para el proyecto se tuvieron que pagar en la Comuna de Maciel porque la propiedad figura en dicha municipalidad y no en Caazapá.
El fiscal Ávalos dijo que levanta la prohibición de trabajar, que el proyecto tiene vía libre para avanzar, pero la causa sigue abierta para monitorear el cumplimiento estricto de la licencia ambiental.