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En octubre pasado, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados había decidido suspender a la jueza de Capiatá Norma Salomón debido a una serie de irregularidades en el ejercicio de funciones. La decisión llegó más de un año después de que liberara al suboficial Águedo Ronaldo Lezcano, hermano del diputado colorado Marcial Lezcano, quien había sido detenido en marzo de 2013 con un cargamento de cocaína líquida.
La decisión tardó dos meses en ser comunicada a la Corte Suprema de Justicia. Desde el JEM argumentaban que el retraso se debía a que Salomón y el fiscal de la causa, José Luis Casaccia –también sancionado-, presentaron medidas de reposición. Finalmente, en diciembre pasado llegó la comunicación oficial a la máxima instancia judicial, que en su penúltima sesión de 2014, el 23 de diciembre, decidió confirmar la sanción impuesta por el Jurado, tal como consta en la página web del Poder Judicial.
Sin embargo, llamativamente, Norma Salomón sigue ejerciendo efectivamente su cargo como jueza de la ciudad de Capiatá. Fuentes señalaron a ABC Color que el 8 de enero la Unidad contra el Narcotráfico de la Fiscalía recibió una notificación firmada por la magistrada. De hecho, en la misma página web donde la Corte anunció la suspensión de la jueza, apenas días después también informó que Salomón estaría de guardia durante la feria judicial del 1 al 11 de enero, y del 26 al 31. Todo ello, pese a que se encuentra suspendida.
El 5 de marzo de 2013, el suboficial Águedo Ronaldo Lezcano, hermano del entonces candidato a diputado por la ANR Marcial Lezcano, fue detenido en compañía de su primo Félix Adilson Paredes mientras transportaban una carga de cocaína líquida lista para ser llevada a Europa.
En principio, el fiscal José Luis Casaccia imputó tanto a Lezcano Paredes como a su primo, Félix Adilson Paredes, por tráfico de estupefacientes, al tiempo que solicitó la prisión preventiva para ambos, medida que fue confirmada por la jueza de Capiatá, Norma Salomón.
El representante del Ministerio Público solicitó el 21 de marzo de 2013, en carácter de anticipo jurisdiccional de prueba, la pericia química y destrucción de drogas, diligencia que fue admitida en fecha 16 de abril de 2013 por la jueza Salomón. Casaccia solicitó el plazo máximo de seis meses para la investigación, alegando la gran complejidad del caso, atendiendo a que uno de los involucrados era un efectivo de la oficina de Inteligencia de la Policía.
Pero la pericia técnica nunca se realizó. El mismo fiscal acusó por narcotráfico a Félix Adilson Paredes, mientras que solicitó el sobreseimiento provisorio de Ronaldo Lezcano, a pesar de que ambos participaron en el mismo hecho. Lo más grave del caso es que Casaccia utilizó la misma acta para imputar a uno y sobreseer a otro. Pese a todas estas irregularidades, la jueza Norma Salomón no dio trámites de oposición al pedido del fiscal y ordenó la liberación de Lezcano Paredes en setiembre del año pasado.
Semanas después, Águedo salía en libertad. Su hermano Marcial, quien ya había asumido como diputado por Amambay, fue personalmente a esperarlo a su salida del penal de Tacumbú. Versiones señalan que existió una fuerte presión política para la liberación del narcopolicía, quien una vez libre habría vuelto a liderar el transporte de cargas de drogas vinculadas con el brasileño Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca”, y Carlos Rubén “Chicharo” Sánchez Garcete.
Luego de que tomara estado público la situación y tras la polémica suscitada, el Ministerio Público suspendió a Casaccia por tres meses, tiempo máximo que establece la ley orgánica del Ministerio Público. Al cumplirse ese plazo, fue reincorporado a sus funciones. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tardó varios meses antes de incluir siquiera la cuestión entre el orden del día de sus sesiones, todo ello bajo una serie de acusaciones de que existía presión política para congelar el caso. Finalmente, en octubre pasado, casi un año después de la polémica liberación, el JEM decidió suspender a ambos.