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El proyecto de ley de los congresistas del PDP plantea derogar los artículos 44, 45, 46. 47, 49, 50, 51, 52, 53 y 54 de la Ley Nº 569/75 “Del servicio militar obligatorio”.
Los mencionados artículos hablan de la tasa militar, y establecen que sea obligatorio para los ciudadanos que quieran exonerarse legalmente del servicio, pagar una tasa anual distribuida en 8 años consecutivos. La misma ley corre para aquellos que se encuentren exonerados por excedente e incluso para quienes hayan alcanzado los 50 años.
El marco legal además establece que se restringa la admisión de empleo en entidades públicas y privadas a quienes no hayan realizado el servicio militar, previendo incluso el cobro de una multa por parte de estos.
La ley mencionada además indica que la mitad de lo recaudado en concepto de multas sea destinado a la construcción de infraestructuras militares. En tanto, el otro 50 %, se ordena ser destinado a la Dirección de Reclutamiento y Movilización.
Lo increíble es que ninguno de los artículos citados están siendo puestos en práctica. Sin embargo, recientemente el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, mencionó la intención de cobrar las multas a quienes no hayan realizado el servicio o a quienes se declaren objetores y no realicen un servicio sustitutivo.
Los integrantes de la bancada del PDP resaltan que la ley del año 1975 es anterior a la Constitución Nacional, que sí reconoce el derecho a la objeción de conciencia, reglamentada por cierto, en la ley Nº 4013 del año 2010, y que no prevé sanciones punitarias para quienes no hagan el servicio militar.
Los legisladores del PDP expresan finalmente que no consideran justo que los jóvenes con ya escasas oportunidades laborales, deban asumir costos financieros por no prestar el servicio militar obligatorio.