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A raíz de ello, la jueza penal de garantías María Fernanda García de Zúñiga, intimó a la fiscala de la causa, María Luján Estigarribia, a presentar en un plazo no mayor de 5 días para proveer la carpeta fiscal y las evidencias a las partes de modo a agilizar la fijación de una nueva fecha para la realización de la audiencia preliminar, que sabrá próximamente. En la diligencia se deberá decidir sí los sospechosos afrontarán o no juicio oral y público.
Al respecto, el abogado defensor de Ninfa Morales, Raúl Salinas, indicó que solicitó la suspensión de la audiencia porque pidieron al juzgado que les provea las pruebas y la fotocopia íntegra de la carpeta fiscal de modo a interiorizarse de la acusación del Ministerio Público, específicamente contra su clienta.
Por su parte, el abogado querellante Jorge Bogarín, dijo que la suspensión de la audiencia retrasa la audiencia.
Agregó que la Fiscalía alegó errores administrativos para presentar la copia de la carpeta y las evidencias. Además en la fallida audiencia se comprobó que también existen errores en la foliación de la documentación sobre la investigación del crimen de la funcionaria Judicial Verónica Gariazu.
Bogarín recomendó subsanar rápidamente “esos errores” de la Fiscalía para evitar provocar la nulidad del proceso
A su turno, la madre de la joven asesinada, Teresa Escobar, responsabilizó a la fiscala María Luján Estigarribia por la suspensión de la audiencia. La acongojada madre dijo que analizará con su familia para solicitar que la fiscala se aparte de la investigación del crimen de su hija por su presunta inoperancia y llamativa negligencia que salió a la luz al no presentar en el juzgado en tiempo la copia de la carpeta fiscal y las evidencias para que las partes puedan verificar.
El cadáver de la joven universitaria Verónica Gariazu fue encontrado en la mañana del 10 de octubre del año pasado al costado de la cancha Rubio Ñu, en la zona del asentamiento San Carlos, de Luque. El cuerpo fue abandonado en el interior de un automóvil y presentaba tres impactos de bala. Unos días después fueron detenidos e imputados como principales sospechosos la abogada Ninfa Morales y el guardia de seguridad Juan Carlos Vergara.
A inicios de la pesquisa se comprobó que la joven asesinada, además de desempeñarse como funcionaria judicial en el Palacio de Justicia de Luque, también trabajaba como secretaria del abogado Rodrigo Blanco, hijo del cuestionado ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco.
En principio, el letrado fue indagado por la Fiscalía, pero la pesquisa no avanzó por falta de pruebas, según informes.
En las elecciones celebradas el 15 de noviembre último, Blanco fue electo concejal por el Partido Radical Auténtico (PLRA), en Luque.
También intentamos conocer la versión de la fiscala Estigarribia, quien evitó salir de la sala de audiencias para eludir a la prensa, y luego ya tenía apagado su teléfono celular.