Policía y funcionarios custodiarán hospitales

El Instituto de Previsión Social (IPS) puso en marcha un plan de contingencia a raíz de la polémica licitación para seguridad privada, que fue cancelada tras sospechas de manipulación. Recurrirán a la Policía y a propios funcionarios para la custodia.

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El próximo lunes 10 de junio la empresa de seguridad SST Security Service Technology SA dejará de prestar servicios para el IPS por culminación del contrato, por lo que la previsional quedará sin servicio de guardias, a causa de la cancelación de la licitación pública, por sospechas de direccionamiento para que la misma empresa continúe prestando el servicio.

 Con el fin de evitar la desprotección total, La Dirección de Servicios Administrativos y la Gerencia de Abastecimiento y Logística adoptaron un plan de contingencia que será puesto en marcha desde el lunes, del cual forman parte agentes de la Policía Nacional.

La medida, informada de manera interna a través de una circular, fue confirmada a ABC por el gerente de Abastecimiento y Logística, Lic. Marcelo Bordón.

De acuerdo a las instrucciones, los policías comisionados a la institución se encargarán de custodiar las 24 horas “única y exclusivamente” los hospitales, clínicas y oficinas donde se manejen valores, mientras que los funcionarios de Servicios Administrativos fungirán de porteros en las oficinas donde se requiera, función que la cumplían los guardias de seguridad.

Como parte del plan, se solicita a los responsables de todas las áreas extremar cuidado al cerrar puertas y ventanas una vez terminada la jornada laboral, para resguardar los equipos del ente.

Esta medida regirá hasta que se reanude el llamado a licitación y se adjudique a una empresa de seguridad.

El pasado 28 de mayo, el propio presidente del IPS, Armando Rodríguez, ordenó suspender la licitación para servicios de seguridad por G. 140.000 millones, tras la polémica desatada por el supuesto intento de soborno a un periodista de ABC Color para que deje de hacer publicaciones contra el proceso licitatorio aparentemente amañado para favorecer a SST Security Service Technology SA y Bullers SA, ambas vinculadas a Óscar Chamorro Lafarja, hijo del exdiputado José Chamorro (ANR).

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