Cargando...
La Fiscalía Contra Delitos Económicos formuló acusación en el marco de la causa que investiga el presunto cobro indebido de honorarios y otros tipos penales, atribuidos al abogado Manuel Radice, amigo personal del ministro del TSJE, Alberto Ramírez Zambonini.
Junto con el mencionado fueron acusadas, Clara Silveira Arza, Gloria Silveira Arza y Ana Arza Báez, esposa, cuñada y suegra, respectivamente de Radice, para quienes se pide juicio oral. La acusación se extiende hacia la escribana Zully Ferreira Cañete, Modesto Núñez, Victor Báez Alfonso y María Isabel Quintana Ríos.
La investigación del Ministerio Público aportó indicios de cobro indebido de honorarios, como también la expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. Aprovechando la cercanía de Radice con uno de las principales autoridades del TSJE, logró que su familia política ingrese al cuadro de funcionarios, con millonarios salarios, para su esposa, suegra y cuñada.
Clara Silveira Arza quien fue nombrada en 2013, registró unas 89 ausencias a su lugar de trabajo ya sea por asistir al club Centenario o viajes al exterior, aún así logró estampar su firma en los registros de asistencia, mediante la presunta complicidad de funcionarios del área de recursos humanos.
En efecto la encargada de RRHH del TSJE, María Quintana Ríos, certificó la asistencia tanto de Clara Haydee Silveira Arza, Ana Catalina Arza y Zully Jacqueline Ferreira;
Del mismo modo, Modesto Núñez, superintendente del TSJE, quien según el Ministerio Público, certificó la asistencia de las hermanas Silveira Arza, una de ellas cursando la secundaria en un colegio capitalino en doble escolaridad, pero percibiendo un salario con dinero público sin una contraprestación.
Una situación similar afecta a Víctor Báez, jefe de Gabinete del ministro Ramírez Zambonini, el funcionario certificó por su parte la asistencia de Luis María López Benítez, este último hermano del senador colorado Mario Abdo Benítez.
Por su parte a la escribana Ferreira se le atribuye el cobro indebido de honorarios, a pesar de que en su calidad de notaria le era incompatible ejercer un cargo dentro de una institución pública.
Según los datos, el sistema de planillerismo en el TSJE provocó una sangría de G. 1.000 millones con los funcionarios que percibieron salarios sin prestar servicio en 2014.